En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, presentado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez solamente ha incrementado un 0,3% la partida destinada al Ministerio de Agricultura, lo que supone 23 millones de euros más con respecto a 2022, pasando de 8.845 a 8.868 millones. «Este ridículo incremento, teniendo en cuenta la gravísima situación que atraviesa el sector agrario español, contrasta con las considerables subidas en el presupuesto de ministerios como Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad o Cultura y Deporte», destacan desde ASAJA.
Un sector estratégico para la economía de este país, como es el sector agrario (representa el 10% del PIB español), queda liquidado con tan solo un 1,8% del total de los fondos destinados por el Gobierno para el conjunto de los ministerios. La organización agraria considera «ridículo» el presupuesto planteado teniendo en cuenta las graves dificultades por las que pasa el campo español, aquejado por una durísima sequía que ha mermado las producciones, unos inasumibles incrementos de costes de producción en energía, combustibles, semillas, fertilizantes y abonos, las consecuencias de la guerra de Ucrania y unos precios en origen que no compensan los costes de producción.
No lo ve así el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha manifestado que los presupuestos de su departamento para 2023 van a «contribuir a mejorar la competitividad y rentabilidad» de la agricultura, la ganadería y la pesca españolas. Para Planas, estos fondos están orientados al crecimiento sostenible, a la aplicación en España de la nueva Política Agraria Común (PAC), a la mejora y consolidación del seguro agrario y a dar apoyo a los diferentes sectores.
A pesar de que el titular de Agricultura coincide con la organización agraria en que el sector se encuentra en una «difícil situación» por las consecuencias de la guerra de Ucrania -que ha contribuido al encarecimiento de las materias primas y de la energía- y por las adversidades climáticas, mantiene que estas cuentas van a «ayudar al sector agroalimentario y pesquero en sus procesos de transformación y adaptación para responder a los retos de la digitalización y la sostenibilidad, manteniendo la rentabilidad, así como a propiciar el relevo generacional y afianzar la presencia de las mujeres en el medio rural».
Por su parte, ASAJA exige al Gobierno un incremento de la dotación presupuestaria para que se contemplen ayudas directas a los sectores agrícolas y ganaderos más afectados por la crisis, al igual que una partida mayor para medidas fiscales que fueron incluidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, como la reducción de las facturas de gasóleo agrícola, fertilizantes y plásticos en el IRPF, así como la implantación de la doble tarifa eléctrica para los regantes. Desde ASAJA recuerdan que la puesta en marcha de estas medidas, ya aprobadas, ha sido incumplida sistemáticamente por parte del Gobierno español.
En el caso del incremento de la partida destinada a los seguros agrarios tampoco están de acuerdo el Ministerio y la organización agraria. Para esta última es «de todo punto insuficiente», a la vista de las tremendas pérdidas sufridas por el sector en este durísimo año de sequía. Sin embargo, el departamento que lidera Planas ha señalado que se trata de cifras «nunca antes alcanzadas», ya que superan en 106,5 millones de euros, más de un 50%, la cantidad con la que se inició la legislatura y revelan la «apuesta decidida» del Gobierno por este instrumento clave de apoyo a agricultores y ganaderos.
De igual forma, ASAJA juzga que es necesario un presupuesto mayor para la modernización de los regadíos, así como para las nuevas infraestructuras hidráulicas que son imprescindibles para la sostenibilidad y mantenimiento de este sector productivo, que sigue abasteciendo con alimentos seguros y de calidad a la sociedad. Mientras tanto, el ministro Planas sostiene que las partidas asignadas serán suficientes para acometer esos objetivos.