Empieza fuerte el año el principal partido de la oposición, en la línea ya avanzada de pelear hasta las últimas consecuencias para contrarrestar el daño que, a su juicio, supondría para el orden constitucional la ley de amnistía que quieren aprobar los socios de Gobierno condicionados por los apoyos del independentismo catalán. Así, el PP no solo se limitó ayer a presentar una enmienda a la totalidad, sino que lo hizo abogando justamente por lo contrario: tipificar como delito las declaraciones de independencia y referendos o consultas ilegales. Lo que se dice, cerrar toda posibilidad, hasta la más mínima, de negociar el desarrollo legislativo de la amnistía.
El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, explicó tras presentar la enmienda a la totalidad que su propuesta es crear el delito de «deslealtad» contra los servidores y representantes públicos que intenten subvertir el orden constitucional, lo que incluiría a partidos como Junts o ERC, proponiendo la suspensión de sus actividades y en último término la disolución. Se trata de pedir responsabilidades, no de pasarlas por alto como pretende la ley de amnistía, y de llegar hasta el final, que podría ser la desaparición de esas fuerzas políticas. Por pretender romper la unidad de España, pasando por encima de la Carta Magna, en la que se habla de iguales derechos para todos los ciudadanos. Y no paró ahí la cosa; Tellado subrayó que esta enmienda a la totalidad es una reforma del Código Penal, que no ha de dejar resquicio alguno a las dudas o a las medias tintas. Añadió que no será la última acción del PP contra la ley de amnistía, sino solo un primer hito, aunque sin detallar los siguientes.
Vox, por su parte, pidió ilegalizar los partidos que amenacen la unidad y propuso impedir que se negocie desde el Ejecutivo con prófugos de la Justicia, como Puigdemont. En ese sentido, el PP reconoció haberse reunido con Junts, pero solo para escuchar lo que pedían, que era «imposible de aceptar».
Así las cosas, el discurrir parlamentario se vislumbra agitado, tenso y pivotando en todo momento sobre posturas irreconciliables, en la que tanto el Ejecutivo de Sánchez como las fuerzas de la derecha seguirán echándose en cara mutuamente la culpa de la polarización y la división social. No cabe esperar muchos más acuerdos de legislatura entre los dos grandes partidos que el de eliminar el término «disminuidos» de la Constitución y su cambio por «personas con discapacidad». No los habrá por las profundas diferencias en sus respectivas visiones del momento político, pero además por el trazo grueso de muchas de las críticas, por los excesos en la calle -piñatas y similares- y porque el independentismo no va a cansarse de exigir cada día más.