No ha dado tiempo. El equipo de Gobierno tenía previsto celebrar ayer una comisión informativa extraordinaria para, entre otras cuestiones, dictaminar las ordenanzas fiscales del próximo año y proceder a su votación en el pleno de este viernes. Sin embargo, cuando los grupos municipales recibieron, a las 20,09 horas del lunes, la convocatoria, la propuesta no figuraba en el orden del día.

La aprobación de las ordenanzas fiscales requiere un proceso que incluye varios pasos fundamentales: primero, se lleva a cabo la aprobación inicial por parte del pleno; posteriormente, se somete a un período de exposición pública para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones o sugerencias durante un plazo de 30 días hábiles. Una vez revisadas y consideradas estas aportaciones, se procede a la aprobación definitiva del texto, que finalmente se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual la ordenanza adquiere plena validez.

El equipo de Gobierno de Miriam Andrés no tendrá más remedio que retrasar a la primera semana de diciembre el dictamen y la votación de su propuesta fiscal, pero, ocurra lo que ocurra, ya se ha quedado sin tiempo para que estén aprobadas de forma definitiva antes del 31 de diciembre. Y este detalle tiene consecuencias.

Aunque no existe ninguna norma que obligue a la aprobación por el pleno de las ordenanzas fiscales en un momento determinado, sí deben aprobarse con la suficiente antelación para que entren en vigor «antes de que se produzca el hecho imponible en aquellos tributos de devengo periódico anual». Esto ocurre en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas y el de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, los cuales se devengan «el primer día del período impositivo, y este coincide con el año natural», es decir, cada 1 de enero.

Al quedarse sin plazo -de hecho, el margen se agotó el pasado 15 de noviembre-, los cambios que se introduzcan en estos impuestos no podrán aplicarse hasta el ejercicio siguiente, es decir, hasta 2026. Esto, sin embargo, no ocurre con el resto de tributos, tasas y precios públicos.

Miriam Andrés ya había anunciado su disposición a congelar el IAE y el impuesto de rodaje, pero sí se planteaba una rebaja del tipo del IBI para alcanzar un acuerdo con ¡Vamos Palencia! que permitiera desencallar su propuesta.