Ecologistas en Acción ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra Adif Alta Velocidad al considerar que las obras del tramo Palencia-Palencia Norte de la Línea de Alta Velocidad a Cantabria «incumplen los estudios informativos de los años 2010 y 2018». La entidad conservacionista solicita como medida cautelar la paralización de los trabajos por «constituir su ejecución un perjuicio irreparable», según informó ayer en un comunicado.
El encargado de tramitar la demanda interpuesta por Ecologistas es el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, la cual está motivada en que tanto el proyecto básico como el de construcción sobre los que se están realizando las obras incumplen los dos estudios informativos aprobados: el de integración del ferrocarril de 2010 y el de la línea LAV a Cantabria de 2018. Además, indica que el proyecto constructivo en ejecución «no resuelve técnicamente la conexión en el espacio tiempo de los estudios informativos y disminuye el área soterrada en casi 500 metros respecto al soterramiento de 2.740 metros para cuatro barrios: El Cristo, San Juanillo, Ave María y San Antonio.
La demanda incluye un «impecable» informe pericial realizado por dos arquitectos de la Plataforma en Defensa del Soterramiento en Palencia, en el que, según Ecologistas en Acción, «muestra desde un punto de vista técnico las irregularidades de las obras en ejecución y la inviabilidad de hacer compatibles los proyectos básico y de construcción con los estudios informativos de 2010 y 2018».
Ecologistas insiste en que tanto lo que está construyendo Adif como el nuevo trazado propuesto al Ayuntamiento el pasado octubre son «una modificación sustancial que no se ha sometido a Estudio de Impacto Ambiental», requisito que, aseguran, «es necesario y previo al inicio de las obras, ya que dicha modificación no se encuentra contemplada en los estudios informativos aprobados definitivamente».
Ante todo esto, Ecologistas en Acción solicita que se adopte como medida cautelar la paralización de las obras «por los perjuicios irreparables que origina su ejecución, por la imposibilidad o dificultad de su reparación y con el propósito de que no se produzcan graves perjuicios para el interés público».
Ayuntamiento. El siguiente en acudir a los tribunales será el Ayuntamiento, aunque no sucederá hasta bien entrado enero. La alcaldesa, Miriam Andrés, confirmó ayer a DP que ya se ha contestado a la modificación del proyecto propuesta por Adif y que esta semana se enviará el requerimiento para que detenga las obras.
Cabe recordar que el equipo de Gobierno encargó un informe jurídico al catedrático de Derecho Administrativo Santiago González-Varas, a partir del que se decidió que de las tres opciones propuestas se iba a esgrimir el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que se refleja potestativamente que la administración pública afectada puede enviar un requerimiento a la otra administración para que pedirle que derogue, anule, revoque o modifique la actuación material que está ejecutando.
Ese es el documento que se enviará esta semana, según confirma Miriam Andrés, que explica que «es una vía de la que disponen las administraciones públicas antes de judicializar un asunto, como una última opción de arreglo extrajudicial». Adif dispondrá de un mes para contestar -o no-, por lo que en enero se sabrá si detiene o no las obras.
Si no admite el requerimiento municipal, que es lo que la regidora cree que pasará, será cuando el Ayuntamiento planteará la demanda ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, en Madrid, como ha hecho Ecologistas en Acción.
En estos últimos dos meses, el Ayuntamiento no ha estado parado. De la reunión mantenida en Madrid el pasado mes de octubre regresó con un modificado que garantizaba que cuatro de las vías continuarían soterradas y la de Alta Velocidad que va a Cantabria no iría bajo tierra durante 200 metros de los 2.740 m planteados en el estudio informativo del soterramiento, lo que supondría renunciar a unos 1.000 metros cuadrados.
Esa modificación del proyecto fue registrada por Adif en el Ayuntamiento el 16 de noviembre y ha sido el pasado viernes cuando se ha remitido una contestación que ha ido acompañada de un informe del servicio de Urbanismo que dice lo que el equipo de Gobierno ya avanzó como sospecha en octubre, que el proyecto sigue sin ser compatible con los estudios informativos tanto de 2010 como de 2018 en los que se deja claro que la solución a la integración del ferrocarril en la ciudad pasa por un soterramiento de 2.740 metros.
«Hasta el límite». Respecto a que Ecologistas en Acción se haya adelantado al Consistorio en la presentación de la demanda, MiriamAndrés recalca que «el Ayuntamiento, como administración pública, tiene una carga de responsabilidad mayor que una asociación». «Antes de dar el paso debemos tener un informe de idoneidad de acciones judiciales, que es el que está construyendo la Secretaría General», señala.
Además, la alcaldesa recuerda que el Consistorio tiene el deber de «explorar hasta el límite» cualquier opción antes de acudir al juzgado como ha hecho Ecologistas en Acción. «Están en su derecho de demandar a Adif. No puedo reprocharles nada, de hecho, incluso podrían haberlo hecho antes porque esta obra ya lleva tiempo en marcha. Imagino que también han querido dotarse de estudios o informes técnicos para acudir a la vía judicial», añade.