Regulación, conciencia y seguridad

Pablo Torres
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La Unión de Asociaciones de Estanqueros apela a lo regulada que está su actividad frente a la «demonización» de la sociedad

Imagen de archivo de un estanco. - Foto: Eugenio Gutiérrez

Nadie pone en duda lo perjudicial que es el tabaco para la salud, ni si siquiera los propios vendedores de los estancos, que son los que están día a día más a mano con los fumadores. Sin embargo, desde la Unión de Asociaciones de Estanqueros de Palencia se achaca a la «demonización» que sufre este sector, el cual «es completamente legal y está muy regulado». 

«La demonización hacia el tabaco y el fumador se está incrementando en los últimos años. Entendemos que es un producto perjudicial, pero no dejamos de ser concesiones administrativas del Gobierno», manifiesta la presidenta del colectivo en la provincia, Beatriz Fernández. 
Y es que su «alta regulación» y su prohibición para menores de edad son dos cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de señalar a los estanqueros, tal y como defiende la asociación. «Es completamente legal», subraya. 

«Los fumadores nos hemos adaptado a muchas cosas. Yo entiendo que desde el Ministerio de Sanidad se quiera velar por la salud, pero también hay que respetar la libertad de los fumadores a la hora de querer fumar en la calle», asevera la presidenta. 

LEY ANTITABACO. La lucha de las administraciones públicas contra el consumo de tabaco experimentó el pasado abril un importante giro, amén del nuevo plan antitabaco aprobado por elMinisterio de Sanidad, el cual se aplicará en el país hasta 2027 y persigue, entre otras cosas, la reducción del humo en espacios públicos. 

Una de las mayores controversias de este paquete estratégico reside en la posible prohibición de fumar en terrazas, parques, playas o marquesinas. Varias autonomías defendieron que sean ellas mismas las que continúen con las competencias para decidirlo. Dichas restricciones no se harán efectivas hasta que se legisle en base al mismo. Por ello, la situación del tabaquismo en España dependerá de las nuevas leyes que apruebe el Congreso.