Castilla y León no baja la guardia frente a la guerra arancelaria pese al paso atrás de Donald Trump con su decisión de aplazar tres meses la aplicación del gravamen extra. La Junta no se fía y mantiene la reunión del martes 15 de abril con partidos, sectores y FRMP para analizar la situación actual y estudiar nuevas medidas que implantar una vez que venza el nuevo plazo marcado por el presidente americano. «La Unión Europea es y debe ser nuestra referencia y debemos actuar con unidad, responsabilidad y mesura», sentenció Alfonso Fernández Mañueco este jueves durante su participación en la jornada 'España en la tormenta geopolítica: industria y poder en la era Trump', organizada por Tresca Ingeniería, donde exigió «unidad» a la hora de afrontar la «tormenta económica» desatada por la guerra arancelaria impulsada por el presidente de EEUU.
El cierre de filas con Europea es claro, pero hay dudas respecto al Gobierno central por la falta de concreción en la 'hoja de ruta' nacional. Una preocupación que verbalizó el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, a la salida del encuentro con el ministro Carlos Cuerpo que solicitó «colaboración» a las comunidades, pero, lamentó el consejero, sin acabar de concretar en qué términos.
«El camino correcto es el de un diálogo serio y sincero con las fueras políticas y con las comunidades autónomas», abundó el presidente de la Junta, que aseveró que esto precisa del apoyo de todos los gobierno de los Estados a la Unión Europea, incluido el de España, al que pidió medidas «más concretas» que las anunciadas frente a los aranceles. «Este es el momento de la unidad», añadió Fernández Mañueco, que garantizó que la Junta estará al lado de los empresarios y de todos aquellos que necesiten de su ayuda en esta «tormenta geopolítica». En esta línea recordó que el Ejecutivo autonómico aprobó un primer paquete de medidas al día siguiente del anuncio de Trump, con financiación, apoyo a la competitividad, impulso de la red exterior y para la apertura nuevos mercado: «Tenemos que exportar más y a más países».
No ocultó el presidente de la Junta el malestar en el Ejecutivo autonómico con el pacto anunciado por Junts por el que las empresas catalanas recibirán el 25% de los 14.000 millones de euros iniciales puestos por el Gobierno. En este sentido, trasladó su rechazo a los «privilegios» y a que se «rompa la igualdad de todas las empresas y de todos los sectores productivos»:«Esta es una crisis global y están por encima de cualquier persona por muy importante que pueda ser, los intereses de los trabajadores, de las empresas y de todos los españoles».
Ni confirma ni desmiente
«Junts ha hecho una declaración muy clara sobre el acuerdo que han tenido con el Gobierno. El Gobierno ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido», reconoció Carlos Fernández Carriedo a la salida de la reunión en Madrid, en la que el consejero transmitió su «preocupación» por esta crisis arancelaria:«Estamos muy afectados y muy interesados por todo lo que aquí se decida. Castilla y León es una comunidad exportadora».
El consejero planteó al pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización convocado por el Ministerio de Economía para analizar el plan de respuesta de España, tres cuestiones para que sean incluidas en ese plan nacional que quiere poner en marcha el Gobierno central. La primera, que los fondos que se van a obtener a través de los aranceles que establezca la Unión Europea, se dirijan en forma de ayudas directas a los sectores productivos «para fomentar su capacidad de competir en los mercados internacionales». Otra debería ser, dijo, la «bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social» y la aprobación de «bonificaciones en el Impuesto de Sociedades». Y, en tercer lugar, «centrar esfuerzos en la competitividad», que es el factor básico para las exportaciones y para tener presencia en los mercados internacionales, indicó Fernández Carriedo, según informa Ical.
También salió al paso la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, que ratificó que el Ejecutivo autonómico trabaja en «proporcionar estabilidad a los sectores productivos de la Comunidad afectados por los aranceles», una «preocupación del presidente y de todo el Consejo de Gobierno» de Castilla y León. No obstante, aseguró que por el momento no se estudia en el seno del Ejecutivo autonómico revisar los datos macroeconómicos para este 2025.?