El pasado 30 de octubre, tal como publicó Diario Palentino, cuatro de los seis acusados (cinco hombres y una mujer) que se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder de un delito contra la salud pública derivado del tráfico de drogas en la localidad de Aguilar de Campoo, aceptaron los cargos y asumieron un global de 12,5 años de prisión, mientras que los otros dos no aceptaron por lo que se celebró para ellos el juicio, que quedó visto para sentencia, y para quien el fiscal pidió tres y seis años de cárcel, respectivamente, además de la correspondiente multa.
Ahora, el alto tribunal de la provincia acaba de dictar sentencia para estos dos hombres, ambos de nacionalidad española y que se negaron asumir los cargos, A.G.S.G. y J.R.P.R., y finalmente han sido condenados como autores responsables de un delito contra la salud pública a penas que suman ocho años y medio de cárcel, según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.
Concretamente, la sala le ha impuesto a A.G.S.G. una pena de cinco años y medio de prisión y una multa de 12.000 euros, mientras que a J.R.P.R. ha sido condenado a tres años de cárcel y una multa de 4.218,90 euros.
En el amplio escrito de calificación provisional, el Ministerio Público relata cómo en noviembre de 2020 uno de los acusados J.R.P. se acercó a las inmediaciones del instituto Santa María la Real para reunirse con alumnos durante las horas del recreo. Asimismo, se reunía con adolescentes relacionados con el consumo de drogas al final del paseo de La Cascajera. Según el fiscal, en su domicilio, situado en la avenida Villallano número 14 de Aguilar, se pudo observar un abundante y constante trasiego de personas. La Guardia Civil pudo averiguar mediante cámaras una supuesta transacción con el conductor de un tercer vehículo.
Tras ser intervenido su teléfono, la Benemérita se pudo averiguar que otro de los acusados M.K.Y. era supuestamente suministrador de sustancias y el fiscal relata cómo en hasta dos ocasiones recogía ciertos envoltorios tras entrevistarse con un tercero. En octubre de 2021, se inició la intervención telefónica de otro de los acusados A.B., a quien en las conversaciones mantenidas con terceros hablaba de posibles ventas de drogas y viajes a Madrid para obtener sustancias y que era socio del acusado M.K.Y.
La Guardia Civil detalla además un viaje realizado por A.B a Durango (Vizcaya) con la finalidad de abastecerse de sustancias para luego repartirlas en Torrelavega, Reinosa y Aguilar de Campoo. Como consecuencia de las conversaciones telefónicas, la investigación deduce que A.B. se desplazaba hasta Durango donde vivía la pareja formada por A.E.G. e I.C.V., también procesados, para comprar cocaína. La mujer era la responsable de un pub de Durango, lugar donde también se distribuía sustancias estupefacientes. El 23 de febrero de 2022 la Guardia Civil efectuó varios registros en domicilios de los procesados, un garaje y un establecimiento público de Aguilar de Campoo.
En su conjunto se aprehendieron varios gramos de heroína y marihuana y 23.330 euros en metálico, además de básculas de precisión y bolsas herméticas, cuadernos, agendas y teléfonos móviles.
MÁS REGISTROS. En los otros dos registros llevados a cabo en sendos domicilios de Reinosa, la Benemérita consiguió 559,88 gramos de hachís y varios gramos de cocaína, además de utensilios propios utilizados en la distribución de drogas.En un tercer registro llevado a cabo en Abadiño (Vizcaya), fueron hallados varios gramos de cocaína.