Si es o no consecuencia del ultimátum que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de que acabará el mes de junio, lo cierto es que el Gobierno y el PP se han vuelto a reunir discretamente primero y luego en Bruselas con la mediación europea para acordar los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces y poner fin a una anomalía que lleva cinco años y medio irresuelta. La medida del ultimátum ha sido utilizada también al Ministerio de Trabajo, que ha instado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a que presente su propuesta sobre la reducción de jornada a 37,5 horas semanales que se negocia en la mesa del diálogo social, porque no lo habían hecho en los últimos seis meses. Una semana de plazo es el tiempo que les ha dado Yolanda Díaz antes de acordar con los agentes sociales.

Ambas situaciones son distintas por cuanto en el primer caso se trata de la renovación de un órgano con fecha tasada por la Constitución, mientras que en otro asunto es una cuestión de debate entre organizaciones públicas. En una concepción de la actividad política regida por la normalidad y el respeto institucional, es inconcebible un secuestro de un órgano constitucional de más de dos mil días, por intereses partidistas en un doble sentido, porque suponen el control de ese organismo y porque pactar su renovación genera problemas internos. Para acabar con estas situaciones irregulares es preciso abordar modificaciones legales que no hagan preciso llegar a ultimátum para acabar con dilaciones indeseadas. Por otra parte, el ultimátum lo lanza quien puede hacerlo, quien tiene la capacidad legislativa para cambiar las leyes, o en el caso de la negociación laboral, para acordar con una parte y establecer normas sancionadoras para quien se resista a cumplir la legislación.

Pero ni los ultimátum, ni la posibilidad de que para resolver los problemas enquistados se acuda al azar mediante distintos procedimientos, parece la forma más adecuada de conducirse en una democracia sólida en la que el diálogo debe ser la forma de abordar una negociación siempre que exista voluntad de resolver y no de dilatar los posibles acuerdos por difíciles que sean de alcanzar.

Existen otro tipo de ultimátum legales, los que viene marcados de forma taxativa por las leyes sin posibilidad de que se produzcan cambios de última hora o intentos de modificar los calendarios establecidos. El Parlament de Cataluña llevará a cabo el miércoles un simulacro de investidura sin candidatos que investir que pone en marcha el reloj para la repetición electoral si antes del 25 de agosto no hay un candidato investido. Es habitual que los acuerdos lleguen sobre la bocina, pero no se puede superar el límite sin las consecuencias sabidas.  

Se suele interpretar el lanzamiento de un ultimátum como un chantaje que aquel a quien va dirigido trata de minimizar o soslayar, sin embargo en el caso del CGPJ ha tenido su efecto: mejor aceptar una cuerdo en el que las dos partes se dejen pelos en la gatera y que permita al PP salvar la cara, que verse sometido a una imposición que si bien serviría para defender su relato y complacer a sus seguidores pero que tendría como consecuencia perder la batalla política y aceptar las consecuencias a lo largo del tiempo.