El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida de suspensión cautelar solicitada por el Ayuntamiento de la capital para las obras de construcción de la plataforma del tramo Palencia-Palencia Norte de la Línea de Alta Velocidad entre Palencia-Aguilar, un proyecto contra el que el Consistorio presentó el pasado 29 de enero un recurso contencioso-administrativo al considerar que no respeta los estudios informativos de los años 2010 y 2018 en los que se determinó que la solución a la integración del tren en la ciudad es el soterramiento.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal concluye que «no resulta ni acreditado ni evidente» que existan «perjuicios» que se puedan considerar «irreparables o de difícil reparación derivados de la continuación de las obras». Del mismo modo, tampoco considera que exista «apariencia de buen derecho», ese decir, que el Ayuntamiento no puede demostrar que existe la probabilidad de que su reclamación principal -la anulación del proyecto del tramo AVE Palencia-Palencia Norte- sea válida. Eso es, explica el juzgado, porque «el recurso contencioso-administrativo interpuesto está aún en una fase procesal muy prematura».

La tercera razón esgrimida por la Audiencia Nacional para rechazar la petición municipal es que frente al interés municipal, «en la pretendida mejora de los medios de transporte públicos, es evidente que debe prevalecer el interés general que se concreta, en este caso, en la continuación de la ejecución de los proyectos constructivos impugnados por el Ayuntamiento». Este dispone de 15 días para interponer recurso de apelación.

Idéntico resultado. Cabe recordar que esta semana se supo que el  Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -en este caso el número 4- rechazó también la petición de la paralización cautelar de estas obras solicitada por Ecologistas en Acción y la Asociación en Defensa del Soterramiento. Aunque el resultado ha sido el mismo, el camino de estas entidades fue diferente, ya que su petición de medidas cautelares se enmarca dentro del recurso contencioso-administrativo que interpuso contra la desestimación por silencio del requerimiento formulado a Adif para el cese de las obras de construcción del tramo Palencia-Palencia Norte.

En este caso, el magistrado consideró que en la petición de Ecologistas y la Plataforma no concurre el necesario periculum in mora, es decir, que no existe un riesgo que exija que se actúe rápidamente porque, continúa el juez, «en caso de estimarse las pretensiones de la asociación, podrían restablecerse las cosas a su estado originario, debiendo además ponderar los intereses en conflicto». Además, este magistrado -que es distinto del que ha resuelto la petición del Ayuntamiento- también aprecia que no se da apariencia de buen derecho. 

Recurso. La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia informó este semana de que ya ha recurrido este auto de denegación de medidas cautelares y que está pendiente de resolución. En un comunicado, el colectivo argumenta que el motivo para dar este paso ha sido que el juez se ha basado «en una jurisprudencia que nada tenía que ver con este caso, ya que ha entendido que solicitábamos cambiar la Declaración de Impacto Ambiental cuando precisamente lo que se denunció es que Adif la está incumpliendo».

El colectivo también criticó la filtración de este auto a los medios de comunicación, el cual está fechado el 29 de febrero, circunstancia de la que acusó al propio Ayuntamiento, porque «entorpece» su «estrategia judicial» y «beneficia a Adif y al Ministerio de Transportes, que ven enfrente una parte contraria dividida y débil». 

«Desde esta Asociación hemos mostrado en varias ocasiones nuestra total colaboración para con el Ayuntamiento y lo reiteramos de nuevo ahora públicamente. No tiene sentido que haya dos procesos judiciales paralelos, exactamente por el mismo motivo, en dos juzgados de la Audiencia Nacional, por lo que deberían unirse en un solo procedimiento», sostiene la asociación, que teme que el Ayuntamiento esté «anteponiendo los intereses políticos o las órdenes que esté recibiendo desde el Gobierno o el PSOE a los intereses de la ciudad», finaliza.