Con la reforma de la Política Agrícola Común y la Ley de la Cadena como protagonistas, ASAJA de Extremadura y Unión de Uniones iniciaban en la primera quincena de este mes manifestaciones de protesta ante la sede del Ministerio de Agricultura. En paralelo, las organizaciones agrarias ASAJA y COAG a nivel nacional respondían, sin señalar fechas, con su decisión de llevar a cabo movilizaciones con los mismos motivos como eje. UPA no tomaba ninguna decisión al respecto, aunque su secretario general, Lorenzo Ramos, señalaba que su organización se halla en movilización permanente en defensa del sector. En otras palabras, que no se descarta, y más cuando se han vuelto a producir movimientos en Atocha sobre la representatividad en el campo y nadie se quiere quedar fuera.
Sobre el papel, el objetivo sería acometer movilizaciones en el marco de la «unidad de acción» que dominó las llevadas a cabo en los primeros meses de 2020, si bien hoy la situación es diferente. En aquel momento, la gran movilización se sustentaba bajo la pancarta de ‘Precios justos para el sector agrario’, reivindicación a la que respondió el Gobierno con una disposición en la Ley de la Cadena para que los precios pagados en origen cubrieran, al menos, los costes de producción y que se ha quedado casi solo en el BOE.
Hoy la situación es muy diferente de cara a esas movilizaciones y a esa unidad de acción. Hay demandas sobre las que hay coincidencia entre las organizaciones agrarias para abordarlas desde la unidad, pero otras donde las diferencias son muy profundas entre los agricultores y ganaderos de las diversas comunidades autónomas e incluso entre los agricultores y ganaderos de una misma organización.
En la parte que une, preocupan las estrategias comunitarias como las de ‘Biodiversidad 2030’ o ‘De la granja a la mesa’, por la que se plantea la reducción en un 20% en el uso de los abonos y del 50% en los fitosanitarios o antibióticos en la actividad ganadera, lo que supone un riesgo para la producción agraria en volumen y para la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones si no se adoptan en paralelo medidas de apoyo. Desde el sector agrario se advierte de que se está exigiendo a los agricultores comunitarios lo que no se pide al cultivo de los productos importados, lo que puede provocar además una caída en la oferta, reducir la autosuficiencia comunitaria y traer una mayor dependencia de las importaciones, olvidando el papel del sector en los largos meses de la pandemia sin problemas de suministro.
Hay coincidencias contra el Ministerio de Transición para que el lobo salga de la lista especial de especies protegidas. Las OPA denuncian la posición de Teresa Ribera, mientras Luis Planas da sus recetas para mantener el medio rural, pero se limita a estar de oyente sobre una decisión que supone un riesgo para el mantenimiento de la ganadería extensiva en muchos territorios donde hoy es el gran activo para el sostenimiento de los mismos y para la defensa del medio ambiente, contribuyendo a rebajar los riesgos de incendios.
Al sector le une su defensa de una Ley de la Cadena a punto de aprobarse en el Congreso en la que, además de la incorporación de las prácticas comerciales desleales de la directiva comunitaria, se incluya la prohibición de la venta a pérdidas hasta el último eslabón de la cadena en la distribución; y que se cumpla normativa sobre la obligatoriedad de pagar en origen, como mínimo, precios que cubran los costes de producción. Se trata de una disposición teóricamente muy en positivo aprobada como respuesta oficial a las movilizaciones de 2020, pero que en la práctica ha tenido un cumplimiento escaso por diferentes razones. Con carácter general, por la estructura dispersa la propia actividad agraria frente a los operadores e industrias, por ser productos perecederos, dejando en paralelo la puerta abierta a las importaciones más baratas y finalmente por los controles insuficientes de la Administración para hacer un seguimiento de las operaciones de compraventa.
Igualmente existe una preocupación conjunta por el incremento de los costes de producción en medios tan importantes como son semillas, abonos, maquinaria o energía, sin que se haya puesto en marcha un observatorio para su seguimiento. Los datos del Ministerio de Agricultura ponen de manifiesto que, mientras hace una década los costes de producción suponían una media del 34% sobre el valor de la producción final agraria, en la actualidad significan más del 45%. En este momento, la peor parte la están soportando los ganaderos por el incremento de los precios de los cereales en más del 40%, mientras los agricultores han soportado ya un aumento de los precios de la maquinaria en 2020 de un 20% y penden sobre ellos subidas muy elevadas en los fertilizantes por los precios del gas natural.
Seguros agrarios en revisión para que sean un eje en la política agraria y exigencias a tope en materia de medio ambiente o bienestar animal son aspectos que también preocupan y unen a todo el sector.
En la parte contraria, las posibilidades de una unidad de acción y posiciones comunes entre las organizaciones son muy escasas en relación con la reforma de la PAC y su aplicación en España en el Plan Estratégico. Hay diferencias profundas entre las comunidades autónomas en relación con la reducción del número de regiones para la convergencia de ayudas. Agricultura ha accedido a rebajarlas de medio centenar a veinte, pero algunas regiones piden una reducción superior, con la oposición principal de Andalucía.
Hay diferencias profundas sobre la eliminación de los derechos de los pagos históricos, que crean grandes discriminaciones en los cobros de diferentes agricultores por hacer lo mismo. Inicialmente se contemplaba su fin para 2026, pero alguna mano negra andaluza lo ha retrasado hasta 2029.
No hay grandes diferencias, pero existen, en relación con los techos de pagos PAC en 100.000 euros por explotación y los 200.000 para descontar de los mismos los trabajos de servicios; también hay diferencias importantes a la hora de separar a los profesionales de la actividad agraria como destinatarios prioritarios de las ayudas, sean pequeños o grandes agricultores, de quienes tengan el sector agrario como algo secundario, sean también grandes o pequeños agricultores. Alguna sigla ve solo como profesionales a quienes viven de la actividad agraria, sean grandes o pequeños, y otros ven también como profesional a un pequeño agricultor que cuida su cultivo, aunque viva de otra actividad.
Igualmente hay fuertes diferencias en otros aspectos, como la redistribución de un mínimo del 10% de todos fondos de los pagos directos entre las primeras hectáreas de una explotación que deberían ir solo a mejorar los ingresos de los profesionales en las pequeñas y medianas explotaciones viables. No tendría sentido recortar ayudas a quienes cobran más de 60.000 euros y luego devolverles una parte para las primeras hectáreas.