El fenómeno que vive España respecto a la proliferación de pisos turísticos está siendo analizado en profundidad tanto desde el mundo político y social como del económico y, sobre todo, se está comparando con lo que ocurre en el resto del mundo, donde también existen este tipo de viviendas vacacionales y, sin embargo, nadie les relaciona como la causa del encarecimiento inmobiliario o la competencia con los hoteles.

La primera denuncia que se está dando ante esta actividad proviene del sector turístico, que urge al Gobierno a tomar medidas y aportar soluciones. Gabriel Escarrer, presidente de la patronal turística Exceltur y CEO de la hotelera Meliá Hotels International, alerta que «hay que contener el desmadre que ha habido» y la competencia desleal que han creado. Además, considera que las ecotasas anunciadas por algunas comunidades «no ayudan en absoluto» porque «restan competitividad y no disuaden al turista».

El sector turístico sostiene que el problema en España no solo se centra en los pisos turísticos sino en las irregularidades que se cometen a todos los niveles (taxis, guías turísticos). A su juicio, sería necesario poner coto a ese problema y contener el desmadre que está habiendo.

Una de las últimas propuestas planteadas en ciudades como Barcelona, donde existe una alta proliferación de pisos turísticos, es la de su alcalde, Jaume Collboni, que ha tomado la decisión de no renovar las licencias y que desaparezcan las viviendas vacacionales antes de 2029 con el fin de resolver el problema de zona tensionada con una gran falta de inmuebles para alquileres y venta.

En la Ciudad Condal se da la circunstancia de que uno de cada cuatro alquileres turísticos no tiene licencia, según un estudio publicado por la empresa de servicios de inteligencia turística Mabrian.

Se trata de un problema que afecta a todas las autonomías, que han propuesto diferentes opciones para controlar la saturación turística en España y la proliferación de pisos turísticos, sobre todo, en las grandes capitales. 

Así, la Comunidad de Madrid estima que poner una tasa para los 20 millones de pernoctaciones que registra la ciudad tendría una capacidad recaudatoria anual de 65 millones de euros, que se podría destinar a impulsar la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación.

Por su parte, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. Rodríguez apuesta por que sean las autonomías de vecinos las que participen también en este tipo de decisiones», explicó.

En esta línea, la ministra criticó que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.

A día de hoy, el 61% de los alquileres vacacionales que se ofertan en España son casas completas, el 33% corresponde a habitaciones privadas y el 4% son apartamentos. En este escenario, el 27% de los propietarios tiene un solo piso, mientras que el 73% cuenta con más de una residencia anunciada y, de estos, el 57% tiene más de 10 alojamientos.

Equilibrio

Los expertos consideran que se trata de un fenómeno que es necesario regular para conseguir un equilibrio eficiente. El reto es que beneficie tanto a la economía como al máximo número de personas y sea lo menos perjudicial para el sector hostelero y para las personas que buscan un piso en renta o en compra, así como también para los vecinos que sufren este tipo de alojamientos en sus comunidades.

En este sentido se ha pronunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que explicó que la apuesta del Gobierno regional para mantener el «equilibrio» entre el derecho de los vecinos al descanso y los pisos turísticos como actividad económica.

En conclusión, es preciso analizar este fenómeno, que se produce en uno de los países que más turistas recibe de todo el mundo, y que deber estar regulado y a la altura de las circunstancias actuales.