El caso Koldo sigue creciendo en intensidad y alcance, colocando a José Luis Ábalos en el centro de un huracán político y judicial que no ha alcanzado su máxima magnitud. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente su imputación por delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Según el informe remitido al juez, resulta «difícil entender» la operativa de esta trama de corrupción «sin su participación». La Guardia Civil atribuye a Ábalos un papel determinante en la concesión de un contrato de 20 millones de euros en material sanitario durante la pandemia, facilitado desde su entonces Ministerio de Transportes.
Las pruebas aportadas por la UCO no solo lo colocan en una posición de responsabilidad en la adjudicación de contratos, sino que además señalan posibles beneficios personales. Se le atribuye el disfrute de un chalet adquirido por uno de los empresarios implicados en la trama, así como el pago del alquiler de un piso en el centro de Madrid para su pareja. Este tipo de dádivas sitúan al exministro en una posición más que delicada.
En paralelo, Ábalos ha intentado desmarcarse de los acontecimientos, renunciando a la prerrogativa de declarar en el Supremo y ofreciendo hacerlo directamente ante el juez que instruye el caso, Ismael Moreno. Mientras tanto, el magistrado ya ha solicitado al Congreso que confirme la condición de diputado de Ábalos, lo que permitiría que el caso llegue al Tribunal Supremo, dado su estatus de aforado. El Congreso ha cumplido con el trámite, y el siguiente capítulo en esta saga parece inevitable.
La trama Koldo ya no es un escándalo cualquiera. Se ha transformado en un asunto de grandes proporciones. El silencio del PSOE, y la ausencia de explicaciones claras por parte de Ábalos y su entorno, no hacen más que alimentar las especulaciones. Cada día que pasa, el impacto político se amplifica.
Feijóo ha redoblado su ofensiva, utilizando este escándalo como punta de lanza en su estrategia de desgaste al Ejecutivo. En sus declaraciones, no solo ha instado a los socios del Gobierno a reconsiderar su apoyo a Sánchez, sino que también ha insinuado que el caso Koldo podría ser solo la punta del iceberg de una corrupción más extendida en el seno del Gobierno. Desde la Moncloa, el discurso ha sido de contención y colaboración con la justicia, pero la presión política y mediática no cede. El caso Koldo ya ha logrado lo que pocos escándalos consiguen: vincular a un alto exfuncionario del Gobierno con una red de corrupción que podría salpicar a más actores. El desenlace de esta trama sigue en el aire, pero el daño político es ya una realidad palpable. El Gobierno de Sánchez, que intenta presentarse como adalid de la transparencia y la lucha contra la corrupción, se encuentra ante uno de sus mayores desafíos.