¡Vamos Palencia! salió ayer al paso de las críticas por la actualización de las tasas de basura, agua y alcantarillado vinculada, según explicó el equipo de Gobierno, al acuerdo presupuestario alcanzado con el PSOE, y defendió que su papel en la negociación ha sido mitigar el impacto fiscal con medidas compensatorias que alivien a los contribuyentes y favorezcan la inversión. En un comunicado, la formación que lideran las ediles Marta Font y Maribel Contreras defienden que el incremento de tasas no deriva del pacto presupuestario, «sino de una obligación legal». Efectivamente, es así, pero solo en el caso de la recogida de residuos, ya que la Ley 7/2022 obliga a cubrir el 100% del coste del servicio este mismo mes de abril y que, según ¡VP!, supone una «vulneración del principio de autonomía fiscal de los ayuntamientos». Los dos recibos vinculados al agua -el abastecimiento y la depuración y alcantarillado- no están sujetos a esta exigencia y, de hecho, el equipo de Gobierno ya planteó una subida del 11% en diciembre, pero ahora la rebaja al 5,5% e introduce una bonificación del 20% para familias con una base imponible inferior a 21.000 euros. ¡VP! votó en contra de las subidas de estos recibos en diciembre.
Aunque ahora saldrán adelante con su apoyo, desde ¡Vamos Palencia! ponen el foco en las contrapartidas fiscales incluidas en el acuerdo, como la reducción del tipo impositivo del IBI prevista para 2026, con la que se busca compensar el impacto de la revisión catastral que se aplica desde este año.
También reivindican el refuerzo de las bonificaciones del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), con exenciones completas en promociones de Vivienda de Protección Oficial y deducciones del 50% en aquellas obras que generen puestos de trabajo. A esto se suma una redistribución entre ICIO y tasas de licencias urbanísticas para favorecer la equidad: el ICIO se elevará hasta el 4%, mientras que las tasas se reducirán al 0,6%, frente al 1,2% actual. Con ello, se busca que en caso de denegación de una licencia, el impacto económico sea menor para el solicitante.
Otro de los elementos que, según ¡VP!, explica el escenario fiscal del Ayuntamiento es la deuda derivada de la expropiación de la calle Jardines, que obliga al Consistorio a pagar 2,4 millones de euros anuales, una operación impulsada por el anterior equipo de Gobierno de PP y Cs con el respaldo del PSOE.
En definitiva, la formación subraya que su prioridad ha sido introducir rebajas fiscales selectivas y promover medidas que impulsen la actividad económica y el empleo. «Nuestra labor ha sido la de negociar medidas compensatorias que beneficien a los ciudadanos», sentencian.