La palentina Esmeralda Rasillo López (1960) asumió en mayo del pasado año el cargo de Fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, el último, al menos por ahora, de los numerosos puestos que ha ocupado en sus más de 38 años de carrera fiscal. Antigua alumna de las Filipenses y Maristas de Palencia y es Licenciada en Derecho y en Criminología por la Universidad de Valladolid (UVa), sus primeros destinos laborales la llevaron a Cataluña, donde llegó a ser fiscal coordinadora del servicio de Incapacidades de la Fiscalía del Tribunal Superior catalán. 

En 1993 se trasladó a Madrid, donde se empleó en la Fiscalía del Tribunal Superior de la Comunidad. Fue fiscal decana de la sección de Vigilancia Penitenciaria y estuvo encargada del despacho de asuntos del Registro Civil Único de Madrid y del Registro Civil Central. En 2007 fue nombrada Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y desde finales de 2008 hasta junio 2018 fue fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. Además, en junio de 2018 fue nombrada directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. En este cargo se mantuvo durante casi dos años, hasta marzo de 2020, cuando pasó a ocupar el puesto anterior. Por último, de noviembre de 2020 a mayo de 2022 fue fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

Empezó la carrera su carrera judicial en Barcelona en año 1985. Antes de viajar, por motivos de trabajo, a la capital catalana residió en Palencia. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos años?
Toda mi infancia, adolescencia y la primera juventud la pasé en Palencia, en mi tierra. Actualmente sigo estando muy vinculada a ella y voy con frecuencia. Considero que es perfecta para disfrutar de la infancia. Recuerdo el monte el Viejo, las excursiones por la Montaña Palentina y el románico. Es un lugar lleno de arte, de naturaleza maravillosa y de gente estupenda, de nobleza castellana real. No puedo tener más que un verdadero amor a mi tierra.

¿Por qué se decantó por la Ciudad Condal para iniciar su labor como fiscal?
En aquel momento, España estaba entrando en una nueva etapa más moderna e internacional, algo que me interesaba y que se palpaba en Barcelona. Tuve la suerte de estar allí hasta los Juegos Olímpicos de 1992 y vi la transformación de la capital catalana hacia una ciudad viva y europea. 

Además, la Fiscalía era igualmente muy dinámica. Fui afortunada, ya que tuve como maestros a Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Ambos fueron fiscales jefes en Barcelona y dos de las mejores mentes que ha tenido la carrera fiscal. 

Por otro lado, allí llevamos a cabo el primer servicio dirigido a personas con discapacidad que se realizó en una fiscalía española. Aplicábamos jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos en temas como cambio de sexo cuando en otros lugares del país todavía ni se lo planteaban. De esta etapa, por lo tanto, recuerdo que se produjo un avance importante en derechos fundamentales.

Hace 30 años se trasladó a Madrid. ¿Qué razones provocaron que se trasladara al centro de la península?
Me desplacé a Madrid por continuar avanzando en mi carrera profesional y, también, por estar más cerca de mi familia palentina.

Su primer destino en Madrid fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué labores llevó a cabo en esta institución?
Es una Fiscalía enorme y tenía mucha proyección jurídica. Ocupé el cargo de decana de vigilancia penitenciaria. Iniciamos proyectos muy interesantes como el de los requisitos para conceder terceros grados a grandes delincuentes socioeconómicos, algo que luego recogió la norma, y propusimos crear juzgados de Vigilancia Penitenciaria Centrales para aunar criterios. Fue una época de gran actividad y de consecución de proyectos, pensando siempre en la mejora del ciudadano.

Posteriormente, pasó a ser directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. ¿Cómo fue el cambio del Poder Judicial al Poder Ejecutivo?
No puedo decir que fuera un cambio radical. Anteriormente ya estaba en un puesto en el que se analizaban temas organizativos y de gestión del Ministerio Fiscal. Como directora general tenía competencias más amplias. Trabajé mucho para las carreras judicial y fiscal, pero también para otros ámbitos. Se introdujo la posibilidad, que hoy es una realidad, de que entrara la especialidad de Medicina Forense en el MIR. Además, conseguimos el encabezamiento del Ministerio Fiscal en el Boletín Oficial del Estado. Fueron, sin duda, muchos proyectos los que se hicieron y que luego continuaron los siguientes equipos. Dos años, con lo que hay que hacer en Justicia, es un tiempo mínimo, pero quiero poner en valor la gran profesionalidad de los funcionarios del Ministerio de Justicia, que demostraron entrega y conocimiento. Fue muy enriquecedor para mí. 

Fue la primera mujer fiscal de las salas de la Fiscalía Togada del Supremo y de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, que es el cargo que ocupa en la actualidad. ¿Qué supuso para usted ir abriendo caminos?
Significa agradecimiento en primer lugar. Si yo estoy ahora en un puesto relevante en el Ministerio Fiscal español es gracias a que antes hubo mujeres que estuvieron luchando por la presencia femenina. Hay que tener en cuenta que hasta 1969 teníamos prohibido ser jueces o fiscales y hasta 1971 no llegó la primera mujer fiscal. En estos últimos años hay que poner en valor que el 68% de las fiscales españolas son mujeres y, desde el 2019, en cuadros directivos hemos crecido un 48%. La teniente fiscal del Tribunal Supremo es mujer, al igual que la jefa de la Inspección y la fiscal jefa de la Secretaría Técnica.

¿De qué función se encarga en estos momentos?
La Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado se creó en una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en 2007. Es la más unidad más moderna y se generó como apoyo al Fiscal General, pero en la actualidad trabajamos con todos los fiscales superiores y fiscales jefes de España. Llevamos proyectos de tipo organizativo, como el de la Oficina Fiscal, y de avances tecnológicos. De hecho, recientemente asistí a las jornadas del Ministerio de Justicia sobre la digitalización de la Justicia. También nos encargamos de la relación con el Defensor del Pueblo, las comunidades autónomas, la atención ciudadana y los medios de comunicación. Es una unidad que quiere proyectar el Ministerio Fiscal más allá de intramuros y con otras instituciones y ciudadanía.

Después de una dilatada trayectoria, creo que podrá opinar sobre la situación en la que se encuentra actualmente la Justicia y en qué debe mejorar
Por un lado, la Justicia tiene una fortaleza: los empleados que trabajan en ella. Y me refiero al sector público (jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios), a la Abogacía, los procuradores y los graduados sociales. Los profesionales en el mundo jurídico español están muy bien preparados.  Para mejorar la Justicia, necesitaríamos, en primer lugar, un marco legal moderno. No hay que olvidar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tenemos es del siglo XIX. Hoy nos encontramos en una sociedad digitalizada y moderna y no podemos tener estructuras y conceptos de un España como la de aquella época. Pero también creo que sería útil un plan de actuación que abarque todas las facetas que tiene la Justicia, que es un servicio esencial para la ciudadanía y el estado social de derecho.

En una entrevista anterior aseguró que «la Administración de Justicia necesitaba un pacto de estado y estar fuera del debate político». ¿Considera que está politizada?
El pacto de estado no es algo que solo yo proponga. Viene en una norma (Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal) que establece la necesidad de establecer un plan para el funcionamiento de la Justicia. 

Por otro lado, no creo que la Justicia tenga que estar fuera del debate político. La política, bien entendida, es sana y es la que nos hace avanzar como sociedad. En cambio, hay que huir del ruido mediático y, a veces, de intereses no muy claros. Es sano debatir qué Justicia queremos. Tras el debate político está el ciudadano, que es el depositario del valor Justicia. Respecto a si está politizada, vuelvo a recordar que en España hay más de 5.000 jueces y 2.700 fiscales que han hecho la carrera de Derecho, unas oposiciones enormemente exigentes y, después, una trayectoria profesional muy difícil. En el día a día, los jueces y fiscales, que es lo que más conozco, toman sus decisiones conforme a las normas y a la interpretación que hacen los tribunales. Y eso nunca es estar politizado, eso es aplicar fundamentalmente los Derechos Humanos que establece como línea la Justicia. Otra cosa es el debate mediático en determinadas áreas, pero está muy ajeno al quehacer diario en este país.

Más que a la labor de los jueces y fiscales, por politización me refería a cuestiones más vinculadas a los políticos, como la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Por eso hay que diferenciar lo que es la Justicia de verdad, lo que se aplica. Las instituciones tienen que ser fuertes para tener un Estado de Derecho fuerte y hay que distinguir el día a día de los jueces, fiscales, juicios y sentencias de determinados estamentos. Actualmente, otras voces, más autorizadas que la mía, piden la renovación de un CGPJ que lleva más de cinco años caducado. Es una grave anomalía democrática. Y eso está lastrando mucho del funcionamiento normal de la Justicia. No es deseable esta situación de incumplimiento de la norma y más en el caso de lo que debe de ser el gobierno de los jueces. Espero que en breve se corrija esta anomalía democrática.

Huelgas y pandemia llevan arrastrando mucho tiempo asuntos de la Justicia. ¿Hace falta más personal?
La pandemia supuso un parón en Justicia y, en general, en todos los servicios públicos, aunque también fue una oportunidad en muchas comunidades, como la de Castilla y León, de poner en marcha proyectos tecnológicos, como los juicios por videoconferencia. Ya he dicho que falta un marco legal acorde al siglo XXI, pero, además, un buen diseño de la planta judicial como fiscal, así como una buena dimensión de los funcionarios que se necesitan. Esto es básico.

¿El español de a pie conoce la Administración de Justicia?
Creo, sin temor a equivocarme, que no la conoce, aunque no es imputable al ciudadano. Es necesario que sepa cómo funciona la administración de justicia porque todos debemos de defender nuestros derechos fundamentales. Ha costado mucho construir un país como el que tenemos, con una gran estructura en defensa de los Derechos Humanos. Y es muy fácil perderlos en tiempos tan convulsos. Solo hay que fijarse en lo que está pasando en países como Afganistán o en otros estados de Oriente Próximo.

¿Tendría que formarse en justicia en la educación obligatoria?
Sí. Estamos viendo, en relación a los menores y la ciberdelincuencia, cómo es necesaria una educación en estos temas. La justicia no es un valor lejano. Es nuestro, del día a día. Y a mí, particularmente, me preocupan las generaciones que se están formando actualmente. Considero que se debería prestar atención. Los fiscales estaríamos encantados de colaborar con las instituciones para que estos conocimientos sean más accesibles, especialmente entre los más jóvenes.

¿Por qué animaría a un estudiante de Derecho a que fuera fiscal?
El fiscal en España tiene una misión que, para mí, es una de las relevantes: la defensa del interés social. Con esto quiero decir que nosotros somos los defensores del ciudadano, los que llevamos a los tribunales la defensa de las personas más vulnerables, con discapacidad o víctimas de violencia de género, lucha contra el medio ambiente y la corrupción. Es decir, contra aquellas actividades criminales que dañan el estado de derecho. Creo que es una profesión muy comprometida, muy estimulante y tiene una gran proyección internacional. Los fiscales y jueces españoles son personas muy valoradas a nivel europeo y en Latinoamérica. Hay que decir también que la oposición es dura. Es una de las más exigentes del sector público, pero se convocan todos los años. Necesitamos talento en la Justicia. Además, es una carrera con muchísimas especialidades y a cualquier estudiante le animaría y le subrayaría que estudiara idiomas, que es muy importante. 

Por último, ¿cuáles son sus desafíos de cara a los próximos años?
Seguir trabajando en esto, en lo que creo, en contribuir desde el Ministerio Fiscal en mejorar la Justicia y su percepción ante los ciudadanos. Y continuar con ilusión. Sin ilusión nadie puede seguir motivado.