La alcaldesa, Miriam Andrés, dejó ayer claro que la terraza del restaurante San Remo «se quitó bien quitada» por parte del Ayuntamiento y que el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia y conocido el pasado viernes «no habla de que se tenga que colocar otra vez», a la par que anunció un recurso de resposición.

Tal y como explicó este periódico, la última decisión del magistrado requiere al Consistorio que identifique «a las autoridades o funcionarios» encargados de dar cumplimiento a la sentencia que el pasado mes de abril estimó en parte el recurso presentado por el hostelero palentino Alberto Villegas, propietario del restaurante San Remo.

En aquel fallo, el magistrado consideró que la resolución del Ayuntamiento en la que le denegó la instalación de un toldo y ocho veladores en la zona destinada a jardín de propiedad municipal junto a su establecimiento, no se realizó conforme a derecho, ordenando al Consistorio a retomar el expediente administrativo de forma que se complete conforme al ordenamiento jurídico, incluyendo la petición por la parte municipal a Alberto Villegas de trámites a los que tiene derecho como «la subsanación y mejora de su solicitud».

El Juzgado entiende que el Ayuntamiento no ha hecho su parte pero Miriam Andrés aseveró ayer que la administración que preside «no ha desobedecido al juez». «Nos mandó retrotraernos al procedimiento administrativo articulado por la propia ordenanza de terrazas para conceder o no la licencia de la terraza. Eso es lo que hemos hecho, requerimos al propietario la documentación, la cual sí ha dido recibida», detalló la primera edil. 

«Cuando el propietario [Alberto Villegas] presentó un recurso de ejecución de sentecia era agosto y coincidió con el cambio de la ordenanza. La que estaba en vigor fue anulada y el día 20 entró la nueva», continuó. 

«Vamos a resolver su solicitud de licencia como se resuelven todas pero no hemos incurrido en desobediencia ya que si no ha habido resolución explícita hasta ahora es porque no nos obliga la ordenaza cuando ni siquiera han pasado los tres meses que tenemos para resolver», sostuvo Miriam Andrés, que anunció un recurso de reposición a ese auto. 

Cabe recordar que el juez, en su auto, habla de multas coercitivas y de un posible delito de desobediencia por parte del Consistorio capitalino, al que impone las costas procesales de esta incidencia, indicando que la actitud del Ayuntamiento en este asunto «incurre en temeridad».