La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y su aseguradora deberán indemnizar a un paciente con 80.000 euros a quien se extirpó la laringe como consecuencia de un erróneo diagnóstico de cáncer y que a causa de dicha intervención ha quedado mudo.

Así lo establece una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en la que se da la razón al paciente, representado en este proceso por los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente.

El afectado, de 61 años, comenzó a sufrir un cuadro de disfonía persistente en noviembre de 2019, por lo que su médico le remitió al Servicio de ORL del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (Caupa). Durante la exploración se observó una lesión en la cuerda vocal izquierda y se solicitó un TAC y una biopsia.

El resultado de dichas pruebas fue una tumoración laríngea izquierda. Por parte de Oncología se consideró la lesión irresecable (no operable), por lo que se pautó un tratamiento de quimioterapia, según la información ofrecida por El Defensor de Paciente. Paralelamente, se realizó TAC torácico al tratarse de un paciente con antecedentes de tuberculosis. Este TAC informó de hallazgos que podrían corresponderse con una reactivación de la tuberculosis previa.

Durante los meses de febrero a abril de 2020, el paciente recibió el primer ciclo de quimioterapia. Finalizado el mismo, se solicitó un nuevo TAC de control que se efectuó en el mes de mayo. Este TAC informó de mínima respuesta con reducción del tamaño de la tumoración pero no se solicitó biopsia.

Con aquel resultado del TAC, Otorrinolaringología decidió realizar cirugía radical de laringectomía y el vaciamiento ganglionar bilateral. Esta cirugía se realizó el 16 de junio de 2020 y la parte estirpada se envió a Anatomía Patológica y allí se descubrió que no había tumor en ninguna de las piezas, ni en la laringe ni en los ganglios. La masa era una lesión de tipo infecciosa relacionada con los antecedentes médicos del paciente. 

La sentencia estima la reclamación del paciente y establece que  se tenía que haber realizado una biopsia o PET-TAC antes de decidir una cirugía radical con resultados irreversibles. Aquella masa que persistía tras la quimioterapia no era tumor, por eso no tenía respuesta al tratamiento de quimioterapia, pero no se hizo ninguna prueba de comprobación previa que hubiera evitado una cirugía sin vuelta atrás para el paciente.

SOLO PUEDE COMER PURÉ. El paciente ha quedado mudo al haberle extirpado las cuerdas vocales y con graves dificultades para la deglución, así como rigidez muscular de cuello, hombro y brazo derechos como consecuencia de la lesión del nervio espinal derecho. Ha supuesto un gravísimo perjuicio al paciente en todos sus órdenes, al perder toda su capacidad de comunicación con terceros, limitándole de forma importantísima cualquier actividad de la vida diaria y relaciones de ocio.

«No es pedir demasiado que se hubiera comprobado mediante biopsia el diagnóstico, tal y como ya se había hecho el año anterior. Sobre todo, teniendo en cuenta que la única opción que se le ofreció al paciente era de consecuencias tan radicales y sin posibilidad de reversión. Nada justifica que no se comprobara el diagnóstico antes de operar», apunta la presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores.