El Colegio Oficial de Trabajo Social convocó ayer un minuto de silencio, con la asistencia de más de un centenar de personas, para mostrar su repulsa y condena por el presunto asesinato de una educadora de un piso tutelado en la provincia de Badajoz, con tres menores detenidos. «Quienes trabajamos en la intervención social llevamos tiempo reclamando a administraciones y entidades empleadoras medidas suficientes que permitan garantizar nuestra integridad y seguridad en el trabajo diario. Quienes protegemos a otras personas no podemos estar en riesgo», concretó José María Laso, presidente provincial de la entidad colegial, que reúne a 180 de  los cerca de 200 profesionales del sector en la capital y provincia.

Según señaló, se sufren unas condiciones de trabajo que muchas veces derivan en agresiones, en muchas ocasiones no denunciadas. «Ya se trate de trabajadores sociales, psicólogos, educadores o personal de atención directa, si nosotros  no reclamamos, el riesgo va a estar siempre ahí. Trabajamos con menores en situación de desprotección, que quizás pueden tener conductas violentas porque es lo que ha heredado un poco de su entorno de sus padres, al igual que con familias a las que se dan noticias que no gustan o no se entienden y con víctimas de violencia de género. A veces no es más que un puñetazo en la mesa y un grito, y otras veces se tornan en amenazas, coacciones y demás. No ocurre todos los días, pero si hacemos un sondeo con los profesionales sí se trata de algo habitual», explicó.

Todos los colegios profesionales de Castilla León han reclamado a la Gerencia de Servicios Sociales que se implemente medidas en todos los campos de actuación. «Hay centros asistenciales como San Juan de Dios y alguno de la Diputación, con botones del pánico, y en otros existen protocolos antiagresiones. «Debe ser algo estructurado como la Ley de protección de datos o de prevención de riesgos laborales. Se trata de tener protocolos que identifiquen  preventivamente  situaciones de riesgo para establecer  medidas de apoyo a través de vigilantes de seguridad en lugares en los que es más probable que una familia o una persona puedan tener una conducta agresiva», detalló.