El acuerdo firmado entre el PSOE y Junts en Bruselas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y en su caso favorecer la gobernabilidad a lo largo de la legislatura es el corolario de lo que se suponía y ha terminado por confirmarse, la cesión en todos los términos sobre la propuesta de los independentistas catalanes, desde la asunción de su relato sobre lo que ha ocurrido a lo largo de las distintas etapas del procés, hasta la de un relator internacional que ha de verificar la marcha de las negociaciones en una mesa de partidos, pasando por la inclusión del lawfare -asuntos políticos judicializados- en la ley de amnistía. De la marcha de estos asuntos en las mesas de negociación, comisiones y trámites parlamentarios derivará el apoyo de Junts a la acción del Gobierno. Sánchez y Puigdemont han pactado, pero ambos se han dejado muchos pelos en la gatera de la credibilidad para sus propias parroquias.  

Desde el primer momento, en el texto del acuerdo, quedan claras dos cosas, la profunda desconfianza entre las partes y las profundas discrepancias sobre la forma de afrontar todas las demandas de los independentistas -no hay diferencias insalvables con el acuerdo firmado con ERC- y aunque es el PSOE quien aparece como perdedor en este acuerdo ha arrancado la firma del partido de Puigdemont en uno de los asuntos más relevantes la renuncia a la unilateralidad: si la concesión de la ley de amnistía era el principio del camino para el reconocimiento nacional de Cataluña y la celebración de un referéndum de autodeterminación, como dijo Pere Aragonés en el Senado. Junts, al  aceptar que esta consulta sobre el futuro político de Cataluña se celebre al amparo del artículo 92 de la Constitución está abdicando de la unilateralidad, porque en su punto 1 dice que "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", y en la referencia a la ley orgánica que regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, no está la de un referéndum de autodeterminación, que en cualquier caso tendría que ser autorizado por el Congreso de los Diputados, y los socialistas no están a favor, porque su apuesta es la del desarrollo estatutario, como se recoge en el acuerdo. El primer efecto del acuerdo con los independentistas es que ERC y Junts se han desmarcado de la propuesta de la CUP para realizar un nuevo referéndum en Cataluña.  

En cuanto a los efectos de la ley de amnistía es precio aún esperar a conocer un texto en el que ambos partidos han trabajado para salvar su posible inconstitucionalidad, y comprobar en qué medida servirá para "procurar la plena normalidad, política, institucional y social" para abordar el resto de demandas planteadas por los independentistas. Unos aspectos en los que ya queda clara la posición de los socialistas contra la demanda de bilateralidad y excepcionalidad, o que Cataluña se haga con el cien por cien de la recaudación de los impuestos pagados en el territorio. Más el brindis al sol de que se promueva que vuelvan a Cataluña las empresas que cambiaron su sede social por el 'procés'.  

Asuntos complejos y en los que las posiciones están tan distantes que no se resolverán pronto. Entre tanto, irá pasando la legislatura. Sin referéndums en Cataluña.