La Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio contra un hombre que, en el momento de los hechos, trabajaba de auxiliar de enfermería en un centro asistencial y para quien el Ministerio Público pide una pena de 12 años de prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una persona en situación de especial vulnerabilidad. Como pudo saber este periódico, la acusación particular mantiene la misma petición de penas. Tras la vista oral celebrada ayer en el alto tribunal de la provincia, en la que el acusado negó que hubiera tenido lugar una agresión sexual, el fiscal elevó a definitivo su escrito de conclusiones.

Los hechos por los que el procesado fue ayer juzgado se remontarían al mes de noviembre de 2022, cuando, presuntamente, el acusado y la supuesta víctima, una mujer con discapacidad mental leve interna en un centro asistencial, habrían iniciado una relación que esta última consideraba de «noviazgo». De acuerdo con el Ministerio Fiscal, la intención del procesado era, «con ánimo libidinoso», «abusar» de la «incapacidad intelectual límite» y la «facilidad de manipulación» de la interna.

Al parecer, dos usuarios del centro habrían advertido de esta situación a otros trabajadores, quienes, ante estas manifestaciones y siempre según la Fiscalía, habrían revisado lo ocurrido. Tras ello, el presunto autor de los hechos fue despedido del centro y, días después, se habría comunicado con la supuesta víctima para que negara los hechos. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palencia impuso al acusado, mediante auto dictado en diciembre de 2022, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de distancia de la interna, de su domicilio o de su lugar de trabajo, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

El Ministerio Público solicita también para el procesado la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la supuesta perjudicada, su domicilio o lugar de trabajo, así como comunicarse con ella, por tiempo de 22 años, con abono al tiempo cumplido como medida cautelar. El fiscal pide también la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dura la condena, así como ocho años de libertad vigilada después del cumplimiento de la pena de prisión. Dicha libertad, como se detalla en el escrito, acarrea para el procesado la obligación de someterse a cursos de educación sexual y la prohibición de realizar actividades, retributivas o no, en centros en los que residan personas menores o vulnerables debido a su incapacidad. 

En el apartado de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita al acusado una indemnización de 3.000 euros para la representante legal de la presunta víctima, si bien la acusación particular pide que tal indemnización sea de 5.000 euros