La delgada pero sagrada línea que separa a los poderes del Estado es una frontera sensible en los tiempos convulsos que dominan la actualidad política nacional. Un límite que, tras los últimos ataques lanzados por algunos miembros del Ejecutivo, amenaza con saltar por los aires. 

Desde el Gobierno defienden que el respeto al Poder Judicial «no es antagónico» con opinar sobre las sentencias, tras el revuelo causado por la valoración de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que tachó de «vergüenza» el fallo absolutorio al exfutbolista del Barcelona Dani Alves del delito de agresión sexual a una joven por el que fue condenado en primera instancia. La también ministra de Hacienda acabó pidiendo disculpas por sus palabras, aunque reiteró que el fallo le parecía «un atraso».

Frente a este discurso, la principal fuerza de la oposición denuncia que el Gabinete que lidera Pedro Sánchez está perfilando una estrategia para «desacreditar a la Justicia» y «socavar su independencia», con el único objetivo de esconder sus presuntas «conductas delictivas», como apuntó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Esto es doblemente grave», afirmó el popular, subrayado que «todo parece responder a una instrucción del mismísimo presidente del Gobierno» a los suyos para «deslegitimar la independencia del Poder Judicial».

La realidad es que el concepto de lawfare no era algo habitual en el tablero político nacional hasta que, durante las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Sánchez, apareció de fondo de la mano de la amnistía. Tras meses de agrio debate, la ley del perdón a los impulsores del 1-O salía finalmente adelante en el Congreso enarbolando por parte de sus defensores la bandera de esta palabra de etimología inglesa, nacida de la combinación de otras dos, law (ley) y warfare (ir a la guerra), que llegó para quedarse. 

Con el nuevo jefe del Ejecutivo recién aterrizado en el Palacio de la Moncloa, los populares ya empezaron por aquel entonces a acusar al Gobierno de haber «asumido» el discurso de su socio independentista Carles Puigdemont. Pero todavía era pronto para aventurarse a imaginar hasta qué punto esta afirmación seguiría coleando. 

En realidad, Unidas Podemos ya había recurrido antes a estas acusaciones, cuando aseveró ser objeto de escuchas secretas por parte de lo que dio en definir como «policía patriótica», y que fueron llevadas a una comisión de investigación en la Cámara Baja en la que todos los citados hasta la fecha han negado su existencia. 

Despúes de aprobarse la amnistía, las fuerzas secesionistas, aliadas del Gabinete de coalición de Sánchez, fueron las primeras en seguir insistiendo en lo que llevaban tiempo afirmando: que la Justicia española, como llaman despectivamente a los tribunales nacionales, «se niega a hacer efectivo el perdón», obviando que, en los principales casos como en el del prófugo Puigdemont, también hay sobre la mesa delitos como la malversación de caudales públicos. 

El fantasma del lawfare también fue agitado por el propio presidente del Gobierno, después de los inéditos cinco días que se tomó para reflexionar sobre su continuidad. El líder socialista afirmó haber sido víctima desde hacía una década de una «guerra sucia judicial», que afectaba a su entorno más cercano, como por ejemplo a su mujer.

La causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presunta prevaricación y falsedad documental durante su etapa al frente de una cátedra en la Universidad Complutense, suma una larga lista de declaraciones por parte de miembros del PSOE aludiendo a una supuesta «campaña de acoso y derribo absolutamente injustificada».

Estos alegatos se han repetido, igualmente, en el caso del hermano de Sánchez, David, en lo que respecta a la adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz, en los que otros tantos ministros han llegado a denunciar «persecución» por parte del magistrado instructor. Desde el titular de Presidencia y Justicia, Felix Boláños, hasta la ministra portavoz, Pilar Alegría, pasando por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, son muchas las voces en Ferraz que así lo han destacado.

Mención aparte merece la investigación en el Supremo abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de la filtración de los correos que afectaban a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

El papel que García Ortiz pudo jugar en la causa «no existe, no hay caso», han llegado a apuntar desde Moncloa (recuperando el mismo argumento que en las pesquisas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez), ensalzando incluso su labor al frente de la institución. Estas declaraciones se alinean con las tesis de la defensa del máximo responsable del Ministerio Público, que es la Abogacía del Estado, y las de la propia Fiscalía, que apuntan a un «quebrantamiento» del principio de igualdad por parte del magistrado.

Convocar elecciones

Mientras, desde el PP, comparan la actual situación judicial del entorno del Gobierno de Sánchez con la condena del pasado lunes contra Marine Le Pen, y apuntan que «por temas similares o menores» la dirigente francesa de ultraderecha «ha sido inhabilitada». «Francia, como España, es un Estado de derecho en el que los jueces actúan (...). Esa es la grandeza de la democracia», inciden en Génova.

Por ello, los populares vuelven a poner el foco en su exigencia de una convocatoria anticipada de elecciones generales para hacer frente a la «mutación democrática» que, a su juicio, pretende ejecutar el líder del PSOE, algo que evidencia su «fobia» a someterse al escrutinio del Parlamento .

ABSOLUCIÓN DE DANI ALVES

El reproche de las asociaciones judiciales hacia la vicepresidenta 

Cuestionar la presunción de inocencia ha sido la última polémica que atañe al Gobierno en su conflicto con la Justicia. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, llegó a tachar de «vergüenza» la sentencia de Dani Alves, absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien revocó por unanimidad la condena por agresión sexual a una joven.

Sus palabras causaron un gran revuelo que alcanzó al ámbito judicial. Las siete asociaciones de jueces y fiscales salieron al paso, a través de un comunicado, para rechazar las controvertidas declaraciones de la titular de Hacienda.

«Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial». Una vez más en esta legislatura, los magistrados se veían obligados a llamar al orden.

Sin embargo, Montero, lejos de corregir, volvió a ahondar en la misma idea en redes sociales. En su intento por matizar aquellas declaraciones, la ministra insistió en que la presunción de inocencia no iba a impedirle rechazar que se dude de víctimas de agresión sexual.

Un argumento al que se aferró Ferraz para defender a la dirigente, esgrimiendo que expresó el «desconcierto» que sintió la sociedad, sin reparar en el cargo que ocupa la andaluza. Montero acabaría pidiendo disculpas, aunque manteniéndose en su valoración.

LEY DE AMNISTÍA

Una controvertida norma que ha desencadenado críticas en público

Garantizarse el apoyo de Junts es, sin duda, el gran caballo de batalla de Moncloa para que no peligre su mandato. Y, para ello, la controvertida ley de amnistía juega un papel fundamental. Una medida de gracia que también ha despertado críticas y recelo por parte del Ejecutivo cuando sus aspiraciones han chocado con la Justicia. Discrepancias que, por otra parte, el Gabinete de Sánchez no ha tenido reparo en mostrar públicamente.

Un ejemplo de ello fue cuando, el 1 de julio del pasado año, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó perdonar el delito de malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont, así como acordar mantener vigente la orden de arresto. Un portazo para el prófugo y para un Gobierno que dejó caer que los magistrados debían aplicar la norma.

«El texto de la ley de amnistía es absolutamente claro y meridiano. La voluntad del legislador también», reprochó la ministra Pilar Alegría, en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros.

Más allá fue el titular de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista a una cadena de televisión, quien señaló que no se entiende la decisión del Alto Tribunal «ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica argumental». No fueron las únicas críticas, pues la ley de Amnistía ha evidenciado profundas diferencias entre Moncloa y gran parte de los magistrados.

CASO BEGOÑA GÓMEZ

Sánchez y su Gabinete cargan su malestar contra el juez Peinado

El proceso contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está siendo uno de los talones de Aquiles del presidente del Gobierno, quien también ha llegado a cargar contra el juez Peinado, instructor del caso.

El líder del Ejecutivo llegó incluso a presentar una querella contra el magistrado por prevaricación, rechazada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que tenía un «carácter especulativo».

El socialista comentó que el proceso contra su esposa se trata de un «no caso derivado de la frustración», además de ampararse en la Abogacía del Estado para afirmar que «se habían atropellado derechos» que vienen reconocidos en la Presidencia del Gobierno. Frases que se produjeron poco después de que el togado acudiese a la Moncloa para tomarle declaración como testigo.

Aquel suceso provocó que el Ejecutivo cargase sus tintas contra el magistrado con suma dureza. Pilar Alegría, ministra portavoz, afirmó que este asistió a la sede presidencial para «hacerse una foto» y «grabar un montaje» con el objetivo de erosionar la imagen de Sánchez.

El malestar de Moncloa en torno a este caso ha sido bastante notorio, así como el incremento de la intensidad de los ataques hacia el juez Peinado. La propia Alegría acusó al togado de llevar «seis meses pedaleando en la nada». Menos reparo mostró Óscar López, al tildarle de «prevaricador» tras la imputación del directivo del Instituto de Empresa (IE) Juan José Güemes.

FISCAL GENERAL

Moncloa defiende a ultranza la labor de Álvaro García Ortiz

L a decidida defensa de Moncloa en los últimos tiempos de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, también ha desencadenado en cuestionamientos hacia el Poder Judicial, en concreto contra el Supremo.

La decisión del Alto Tribunal de investigar al jefe del Ministerio Público por presunta revelación de secretos en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso, causó, a mediados del mes de enero, «sorpresa» para el titular de Presidencia Félix Bolaños. 

Pero casi lo que no resulta novedosa es la respuesta de los integrantes del Ejecutivo al ser preguntado por este asunto, pues es la misma que la utilizada para el proceso referido a Begoña Gómez: no hay nada que investigar. El ministro, por aquel entonces, apuntó también que «la verdad se abrirá paso» tras cuestionar el auto del juez.

Sin embargo, la realidad es que el Alto Tribunal mantiene sus pesquisas sobre García Ortiz, después de prorrogar la instrucción por seis meses más debido al borrado de los dispositivos y tras reprocharle su falta de colaboración. Ello supone un contraste con el enconado respaldo del Gobierno hacia el fiscal general del Estado, cuya figura ya fue criticada por la Comisión Europea por su falta de independencia.