La Consejería de Economía y Hacienda perdonará la renta del alquiler durante tres años a las empresas emergentes que se instalen en espacios propiedad de la Junta en los diferentes parques tecnológicos u otros centros de incubación empresarial. Una medida que aparece recogida en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompañan al proyecto de Presupuestos autonómicos para el año que viene, al que ha tenido acceso la Agencia Ical. Este medida es más ambiciosa que la actual legislación que contempla ya rebajas en el alquiler en el caso de los «emprendedores de base tecnológica» y que son del cien por cien el primer año; del cincuenta por ciento, el segundo y del 25 por ciento, el tercero.
Ahora, según la catalogación, afecta a todas las empresas emergentes, es decir, a aquellas sociedades de base tecnológica de constitución reciente o de nueva creación o aquellas que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España y cuya finalidad sea el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o que mejoren sustancialmente la situación actual.
Según indicaron fuentes del Ejecutivo autonómico, esta medida pretende «fomentar el asentamiento de empresas emergentes en Castilla y León». «Dada la disponibilidad de espacios para incubación de este tipo de empresas en los parques tecnológicos es oportuno mejorar las condiciones en que se alquilan estos espacios públicos, facilitando que el coste de alquiler no suponga una carga que condicione la viabilidad de las empresas emergentes», explican en el articulado de la norma conocida por la Agencia Ical.
El objetivo de la Consejería de Economía y Hacienda también pasa por fomentar el desarrollo de polos de atracción de empresas emergentes «que favorecen la interrelación de estas sociedades y de los territorios, aumentando así los índices de innovación en el conjunto del territorio».
Otras medidas
La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas incorporará también una nueva tasa que deberán pagar las empresas por las inspecciones que deban realizar los servicios oficiales por incumplimiento de la normativa sobre alimentos y piensos, salud y bienestar animal, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.
El pago será de 61,24 euros, a los que hay que sumar otros 40,5 euros de coste de personal, pero también se cargará en el investigado los gastos en que incurra la administración si es necesario realizar algún análisis en el laboratorio, más 40,5 euros por coste de personal.
Se añadirá también otros 40,5 euros de tasa en concepto de personal si deben intervenir los servicios veterinarios. Estas tasas, señalan dentro del documento, no podrán ser objeto de bonificaciones en ningún caso.