La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, se pronunció ayer tras conocerse la sentencia que da la razón al Ayuntamiento en el litigio por el derecho de superficie del parque de bomberos, un fallo que pone fin a una disputa patrimonial entre ambas instituciones. «Respeto las decisiones judiciales, sabíamos que era un tema complicado después de tanto tiempo. Estamos estudiando la posibilidad de interponer recurso frente a la misma», afirmó Armisén, quien recordó que el parque fue financiado por la institución provincial con 55 millones de las antiguas pesetas.
La presidenta defendió la actuación de la institución provincial en este proceso y rechazó cualquier crítica personal. «La presidenta de la Diputación no se esconde de nadie y mucho menos en una Junta de Gobierno, que es un órgano participativo en el que están todos los portavoces de los partidos políticos», sostuvo. Además, subrayó que las decisiones legales no dependen exclusivamente de ella. «Los procedimientos legales dentro de una institución no los dirige la presidenta, sino el secretario general y los técnicos y responsables de los servicios jurídicos. Por eso me sorprende que quien ha visto estimada su posición en esa sentencia ataque a la otra institución por ejercer sus derechos legales», argumentó la presidenta.
Armisén expresó su respeto hacia el Ayuntamiento y su derecho a defender sus intereses. «Yo siempre respetaré al Ayuntamiento y a cualquier institución que ejerza los derechos legales que tiene para defender su patrimonio o a sus vecinos», alegó.
Cabe recordar que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo conocida el martes reconoce que el paso del tiempo transformó una parcela que inicialmente era patrimonial en una de uso público, tal como detalló el juez en el fallo. «Esta situación viene de una relación entre las dos administraciones», añadió.
Por último, la presidenta recordó el papel de la Diputación en la construcción del parque. «Lo financió la Diputación con 55 millones de las antiguas pesetas», recalcó, y aunque mostró su disposición a acatar el marco judicial, Armisén dejó abierta la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.