Que la Ley de Vivienda no iba a lograr ninguno de los objetivos planteados por el Gobierno era algo que se sabía antes incluso de su entrada en vigor. Intentar regular el mercado controlando los precios siempre produce el efecto contrario, pues provoca un descenso de la oferta y con él un encarecimiento del bien. Si a eso añadimos que el texto final es fruto de la negociación de formaciones políticas que están condenadas a entenderse para sostener el Ejecutivo, pero que tienen una visión dispar acerca de las medidas necesarias para poner orden en el ámbito inmobiliario, el resultado final no puede desviarse del triste destino al que está abocado: ser un cúmulo de exigencias sin sentido cuya aplicación queda en manos de las Comunidades Autónomas porque así lo quiso el PSOE.
La decisión deliberada de que fueran los diferentes territorios los que desarrollaran la norma ha motivado que la gran mayoría desechen esa posibilidad. El Gobierno central lo achaca, en ese análisis primario al que nos tiene acostumbrados, a motivaciones políticas, dado que el poder autonómico está ahora mayoritariamente en manos del Partido Popular. La tozuda realidad, por el contrario, demuestra que en aquella Comunidad donde sí se ha aplicado, Cataluña, los resultados han sido tan perversos que solo los más demagogos o aquellos que están absolutamente alejados de los intereses de los ciudadanos son capaces de defenderla. A la vista de este rechazo mayoritario, el Gobierno quiere dar una vuelta de tuerca más a la Ley de Vivienda al intentar vincular el reparto de fondos del Ministerio a su aplicación: es decir, amenaza con restar dinero de la financiación a aquellas regiones que no la pongan en marcha. Este chantaje en toda regla supone, además de un peligroso precedente, un nuevo motivo de enfrentamiento que el propio Ejecutivo ha propiciado. Porque si el PSOE dejó al albur de las comunidades la aplicación de la Ley es porque no creía que tuviera efectos beneficiosos en el principal problema: la escalada de precios de los alquileres.
Si de verdad el Gobierno quiere acabar con el problema de la vivienda no tiene más que dar facilidades para que se incremente la oferta. Para ello debe eliminar la burocracia innecesaria para los nuevos desarrollos inmobiliarios y propiciar que salgan al mercado las miles de viviendas que se encuentran vacías porque sus propietarios, la inmensa mayoría de ellos particulares, no tienen ahora mismo la seguridad suficiente para incorporarlas al mercado del alquiler. Cualquier intento de intervenir artificialmente en los precios lo único que va a conseguir es retraer aún más la oferta y los efectos ya los estamos viendo allí donde se ha intentado.