En unas fechas donde el campo se manifiesta en carreteras y ciudades de España y Europa para exigir, entre otras cuestiones, precios justos para sus productos y una modificación en la Política Agraria Común (PAC) que flexibilice las exigencias medioambientales, la Audiencia Nacional (AN) emitió una sentencia que deja un buen sabor de boca entre las organizaciones profesionales agrarias (opas), concretamente la que confirma la existencia de un cártel formado por ocho empresas lácteas y dos asociaciones del sector entre 2000 y 2013 y condena a multas de distinto importe (que van desde los 53.310 euros a los 11,6 millones de euros) a cinco de las sociedades lácteas más destacadas de España.
El tribunal, que viene a ratificar una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) -aunque manda recalcular la multa a cuatro entidades-, pone de manifiesto que, a lo largo del período de la infracción, las empresas redujeron mediante el intercambio de información el nivel de incertidumbre entre ellas, con la consiguiente disminución de la competencia y del poder de negociación de los ganaderos con el fin de controlar el mercado de aprovisionamiento de la leche cruda de vaca.

Según datos facilitados por las diferentes opas con representación en Palencia, más de 150 ganaderos de la provincia decidieron dar un paso adelante en su momento y se sumaron a la reclamación de Unións Agrarias -Unión de Pequeños Agricultores (la sección de UPA enGalicia) contra estas empresas lecheras en la CNMV. No fueron todos los damnificados palentinos los que participaron, ya que algunos, por diversas causas, prefirieron no participar en esta denuncia que supera las fronteras provinciales y regionales de España.

El secretario de organización de UPA Palencia,Raúl Azpeleta, calcula que el 80% de los productores palentinos se vio afectado directamente por esta práctica. 
Por otro lado, al haber pasado ya más de diez años desde las acciones ilícitas, las opas lamentan que algunos de los ganaderos -incluso entre los 150 que denunciaron- hayan desaparecido. «Está demostrado que las industrias pactaban precios y no dejaban moverse a los ganaderos de una a otra. Ahora lo que tiene que demostrar cada uno es el importe de lo que ha dejado de cobrar por la leche», asegura el dirigente de UPA.

Por ello, tanto UPA como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) llaman a reclamar las indemnizaciones a todos los vendedores que sufrieron los efectos del cártel de la leche y no lo hayan hecho. «Que cobren el dinero y más después de tantos años y de todos los problemas que han pasado algunos ganaderos», comentó el presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos. Por su parte, el máximo responsable de COAGen Palencia,David Tejerina, recuerda que esta sentencia llegó tras la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria. «Se está poniendo de manifiesto que habían pactado precios a la baja a la hora de pagar a los ganaderos. Estaban perjudicando a los productores, que no estaban cobrando lo que les correspondía ni cubriendo gastos. Ahora tendrán que pagar lo que en su día no pagaron», declara.

Camino largo. La sentencia de la AN supone un triunfo para los ganaderos, pero el proceso para conseguir su objetivo «es largo». «Mañana no se van a resolver los casos», asegura Azpeleta.

De hecho, desde Asaja, pese a la noticia positiva, explican que aún deben darse más pasos en el plano legal antes de que los ganaderos puedan cobrar. «Se tiene que confirmar la decisión de la CNMC en función de la sentencia de la AN, que pasaría a ser definitiva, y las empresas condenadas pueden presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo.Todavía queda. Aún no ha terminado», añaden.

En la sentencia, la Audiencia  concluye que se ha acreditado un cártel configurado como una infracción única y continuada que englobaría prácticas de intercambio de información comercial sensible que podrían haberse materializado en determinados momentos en acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado. 

Por último, refrenda las sanciones por infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007 y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de competencia, según señalaron desde la AN.