La Diputación da un mes de plazo al Ayuntamiento de Palencia para que dé cumplimiento al requerimiento por el cual le exige que ejecute su obligación de constituir el derecho de superficie del parque de bomberos de la capital, cuya construcción «financió íntegramente» la institución provincial con 55 millones al ser concebido como una dotación «comarcal» en cuyo mantenimiento ha venido colaborando «durante más de 50 años».
Si en este período de 30 días el Consistorio capitalino no avanza en las exigencias del equipo de Ángeles Armisén, la Diputación recurrirá al Contencioso-Administrativo. Es decir, se seguirá idéntico procedimiento que Miriam Andrés realizó con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por las obras de la Línea Alta Velocidad (LAV) a Cantabria a su paso por la ciudad.
Si bien el desencuentro entre ambas administraciones es reciente, hay que retrotraerse hasta el 6 de octubre de 1981, cuando el Ayuntamiento aprueba en pleno ese derecho de superficie que ahora quiere formalizar la Diputación. ¿Qué supone esta decisión? A efectos prácticos, sería escriturar a nombre de la institución provincial las instalaciones, ubicadas en la calle Guipúzcoa. «La Diputación puso el dinero y el Ayuntamiento, la parcela, para prestar servicio tanto a la capital como a los pueblos del alfoz en un radio aproximado de 50 kilómetros», explicó la presidenta, Ángeles Armisén.
A partir de ahí se han ido sucediendo los diferentes convenios entre ambas administraciones para prestar el servicio en las mejores condiciones posibles, al tiempo que se realiza una «gestión eficiente» de los recursos públicos. «El que tengamos competencias distintas [en la capital y el medio rural] no quiere decir que no se pueda prestar de una forma colaborativa, que es la mejor manera», sostuvo.
¿POR QUÉ UN CONSORCIO?
Armisén ya adelantó en su última toma de posesión que el «principal reto», a la vez que la «mayor urgencia», era la suscripción del convenio. En este sentido, calificó de «ceremonia de la confusión» las diferentes posturas que se han ido sucediendo en el Consistorio en las últimas fechas sobre la idoneidad o no del convenio.
Llegados hasta aquí Armisén se cuestionó por qué «convenio no, pero consorcio sí; cuando no deja de ser una forma jurídica de colaboración». «En una provincia donde la mitad de la población vive en la capital y la otra mitad en la provincia, donde había un convenio que funcionaba, la forma jurídica no puede ser la excusa. El problema es que no hay voluntad de colaboración», insistió la presidenta, quien lamentó que se rompa «un acuerdo histórico y económico desde los años 80».
En cualquier caso, garantizó que la Diputación está abierta «a cualquier tipo de colaboración» y citó como ejemplo de ello la reciente oferta de 305.000 euros. A razón de 15.000 euros por salida, unas 20 al año.
PROFESIONALIZACIÓN
La Diputación recordó que se rige en el marco del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Castilla y León y puso en valor que «nunca se ha hecho tanto por la profesionalización de los bomberos como en los dos últimos años, con los parques profesionales de Aguilar y Saldaña y una plantilla de 18 bomberos de aquí a fin de año».
Este incluye un parque de tipo uno en Palencia, que son aquellos ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes que dan respuesta a sus áreas de intervención y se constituyen como dotaciones de referencia para la provincia. A este se suman dos de tipo dos en Aguilar y Saldaña, ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes, que atienden áreas de intervención cuyos riesgos son mayores a los de la media. Finalmente, contempla cinco de tipo 3a (riesgo inferior a la media) en Baltanás, Frómista, Guardo, Herrera de Pisuega y Paredes de Nava y uno de tipo 3b (riesgo poco significativo) en Cervera.
COMPETENCIAS
La alcaldesa de la ciudad, por su parte, también se pronunció. Miriam Andrés recordó que es la Diputación la que debe prestar servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que, por lo tanto, «es competencia suya tener un servicio de extinción y no pasar la patata caliente al Ayuntamiento de la capital».
También la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León tendió su mano para intentar solucionar un conflicto que se ha dilatado en el tiempo y pidió a Armisén «que recapacite». Acusaron a la institución provincial de «echar balones fuera y dispersar la atención tratando de hacer responsable de la lamentable situación al Ayuntamiento».