La Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, se ha ratificado este martes en su decisión de dar por aprobada la ley que beneficia a presos de ETA que hayan cumplido condenas en países de la Unión Europea y ha respondido al Senado que cumplió con sus "obligaciones constitucionales y reglamentarias" al rechazar la semana pasada su pretensión de que esta norma volviera a someterse a una votación en el Pleno.

La Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea fue inicialmente aprobada por unanimidad en el Congreso y sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta el día 14 de octubre.

El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la última votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad.

Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley y enviarla al Gobierno, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.

Un rechazo fuera de plazo no es un veto

El órgano de gobierno recalcó entonces que el Senado no había comunicado su veto en los términos que exige la Constitución y que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, no podía "considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional".

En consecuencia, dio traslado del texto al Gobierno para proceder a su firma por parte del Rey y a su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que sucedió el pasado sábado, día 19.

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, respondió a esta decisión de la Mesa del Congreso enviando una carta a Armengol criticando que no diera como vetada la norma y precisando que, a su juicio, el competente para decidir sobre este asunto era el Tribunal Constitucional.

A este escrito es al que ha contestado este martes el órgano rector de la Cámara Alta basándose en un informe, ya por escrito, de los servicios jurídicos, en el que se remarca que el Senado no planteó veto alguno y que, incluso considerando que el rechazo a la ley hubiera sido un veto, éste se habría tramitado fuera de plazo.

"La Mesa de la Cámara ha concluido que el acuerdo de rechazo adoptado por el Senado no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el citado artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, y ello, ante la evidencia de que, de considerarse que tal rechazo es efectivamente un veto, el mismo se habría aprobado al margen de todo procedimiento", reza el informe de los letrados, recogido por Europa Press.

Por todo ello, se comunica al Senado que el Congreso "con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias" al dar por aprobada la ley.

Puede acabar en el TC por dos días

Tras publicarse la norma en el BOE, el PP anunció que llevará al Pleno del Senado un nuevo requerimiento a Armengol para que someta de nuevo a votación esta ley en el Pleno de la Cámara Baja y confirmó su intención de promover un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

No es la primera vez que los 'populares', con su mayoría absoluta en el Senado, promueven un conflicto de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron este choque institucional inédito entre las dos Cámaras por la Ley de Amnistía, aunque finalmente lo dejaron sin efecto y no llegaron a llevarlo al Constitucional.

Además, este martes el PSOE y Sumar también han unido sus votos en la Mesa del Congreso para tumbar el recurso de reconsideración del PP contra la decisión de la semana pasada de desoír la interpretación del Senado y dar por aprobada la polémica ley. Lo han hecho con los mismos argumentos expuestos por los letrados para fundamentar la respuesta que se ha enviado al Senado. Una vez rechazado su recurso, el PP del Congreso ya tiene vía libre para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.