La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no está siendo investigada por un presunto fraude fiscal y otros delitos concomitantes en los que está involucrada su pareja sentimental, Alberto González Amador, por haber tratado de defraudar a Hacienda 350.000 euros. Tanto Ayuso como su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, han tratado de rebajar el momento en el que se encuentra este asunto a una inspección de Hacienda cuando ya se encuentra en un estadio superior, en el de la imputación de los delitos después de que la Agencia Tributaria haya concluido sus informes tras escuchar a los interesados y tomado nota de sus maniobras.
A efectos de los intereses de la ciudadanía lo importante es recuperar el dinero que el novio de Ayuso hubiera podido defraudar y conocer el método utilizado -al parecer facturas falsas para deducir gastos- para conseguir la disminución de sus pagos a Hacienda y para aumentar significativamente el volumen de negocio de sus empresas, el montante de las operaciones empresariales que realizaron, quienes fueron sus clientes, como llegaron a ellos, si las ofertas de sus productos estaban en los precios del mercado y, en efecto, si hubo comisiones de por medio. Que la actividad de las empresas del novio de Ayuso y sus otros cuatro socios que están incursos en el mismo procedimiento, estén relacionadas con el sector sanitario y los presuntos delitos fiscales afecten a los dos años de más crudeza de la pandemia del covid-19 desata todas las alarmas y hace preciso que las explicaciones sean lo más rápidas y contundentes posible para alejar cualquier sombra de duda.
Sobre el "caso Amador" tanto el gobierno autonómico como el PP tratan de cavar todos los cortafuegos posibles para que no se convierta en el "caso Ayuso", al igual que ha hecho el PSOE con el "caso Koldo" y minimizar daños, pero corren el riesgo de que la utilización de una doble vara de medir se haga muy evidente. Frente a las exigencias vehementes de una parte de la oposición a la presidenta madrileña, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha sido más sutil y sin elevar la voz ni utilizar argumentos crispados le ha tendido la alfombra para que actúe con "transparencia" y explique lo que sabe ofreciendo el beneficio de la duda. La animadversión mutua entre Ayuso y el resto de sus oponentes políticos, nacionales o regionales, trasciende la crítica política para convertirse en una cuestión de piel a lo que no es ajena el tono y las formas de la presidenta madrileña de entender el ejercicio de su función, que en este caso relaciona con los ataques personales y familiares que ha recibido desde que llegó a la política.
Y al lado de la cuestión particular de la pareja de Isabel Díaz Ayuso está la forma de reaccionar cuando sobrevuela un probable caso de corrupción que se encuentra en un momento incipiente y del que quedan muchos aspectos por conocer, la trama de facturas falsas y sociedades fantasmas y que no se prestaran los servicios facturados. Aún es pronto para exigir responsabilidades políticas pero los populares se han puesto a la defensiva.
Los socialistas han vuelto a hacer de la necesidad virtud y apoyarán la comisión de investigación sobre el "caso Koldo" en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta y sacaría adelante en cualquier caso. Sin embargo, el PSOE no obtendrá reciprocidad en la que solicitará en el Congreso para abrir otra que estudie todo lo que ocurrió alrededor de la compra de mascarillas para la pandemia.