La falta de acuerdo existente desde que caducó el convenio colectivo del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) -que gestiona hasta 2031 la emprsa Acciona y depende del Consorcio Provincial integrado por la Diputación y el Ayuntamiento- ha propiciado la convocatoria de una huelga indefinida que se materializará desde el lunes, convocada por UGT y CCOO.
Ambas organizaciones sindicales calificaron ayer como «el peor de Castilla y León» en el sector al convenio que regula las relaciones laborales con 40 trabajadores del CTR en la capital, que caducó en enero y cuya negociación -en principio para este año con una petición de incrmento salarial de un 5%-, ha pinchado en hueso ante la cerrazón de la empresa concesionaria. «A nivel salarial se tienen las peores condiciones económicas de toda la comunidad. La reivindicación por nuestra parte, cuando nos sentamos con la empresa solo dos veces, fue para pedir algo que es lícito como compensar la subida del coste de la vida», arguyó Óscar Ferrero, secretario de Acción Sindical de Hábita de CCOO de Castilla y León.
Respecto a la actuación del Consorcio Provincial del CTR, el dirigente sindical habló de «dejadez» desde la Diputación y el Ayuntamiento. «Cuando estuvimos reunidos el otro día para fijar los servicios mínimos la única preocupación que ahora mismo se tiene se basa solo en saber si habrá mucha afectación o poca en el tratamiento de basuras urbanas de cara a las fiestas que se avecinan en la capital y provincia. Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad ni está ni se le espera, porque nadie se ha puesto en contacto para ver qué reivindicamos», dijo.
Por su parte, el secretario provincial de UGT, Gorka López, se mostró claro sobre el conflicto laboral con Acciona en el CTR. «Entregamos a principios de año una plataforma reivindicativa que recoge el incremento salarial y otras muchas cuestiones. Viendo la situación de conflicto que tenía la concesionaria con el Consorcio Provincial por el canon para prestar el servicio al incrementarse los costes, hemos planteado alternativas. Pero es que no ha habido posibilidad en ningún momento de sentarnos y entrar a valorar si hacemos un incremento a cuenta del convenio. Pero, por otra parte, la empresa ha recogido ya en el canon el incremento salarial de este año, pero se lo ha metido al bolso en lugar de negociar con la plantilla», aseveró.
la postura del consorcio. A nivel institucional, Ángeles Armisen, presidenta del Consorcio Provincial de Residuos del que depende administrativamente el CTR y, a su vez, titular de la Diputación, se mostró clara sobre la situación creada. «Se trata de un conflicto entre la empresa concesionaria y los trabajadores y la primera no cumple con su obligación legal de negociar el nuevo convenio laboral de la plantilla y debería sentarse con sus representantes, ya que tenía que haber entrado en vigor en enero. Ante eso nada podemos hacer nosotros y he tenido una reciente reunión con la empresa y el comité de huelga dentro del proceso legal al registrar la convocatoria de paro. Está claro que nosotros no tenemos la capacidad de negociar ese convenio», arguyó.
«He convocado una reunión del consejo del Consorcio que integran concejales y diputados provinciales el lunes para informarles de las circunstancias actuales y, por lo tanto, estamos en diálogo permanente. La única obligación de la administración es garantizar un servicio esencial como es el tratamiento de basura», expuso Ángeles Armisén.