El curso político comenzará dentro de poco más de una semana con dos de los asuntos judiciales más complicados para el Gobierno en pleno apogeo. Bien es cierto que ni siquiera en verano los jueces que dirigen la investigación en los casos Koldo y Begoña Gómez han dejado de lado sendas instrucciones, pero por distintas circunstancias va a coincidir que de ambos procedimientos existirán elementos recientes para alimentar los primeros discursos del ciclo político que se abre. Ayer mismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, devolvía a primera línea el procedimiento abierto para investigar la compra de mascarillas en los primeros compases de la pandemia por covid 19 cuando el titular del departamento era José Luis Ábalos. Fue ayer en el Senado con una comparecencia en la que anunció el cese del subsecretario de Transportes y del jefe de Personal de Adif alegando pérdida de confianza a resultas de la auditoría anunciada meses atrás para intentar arrojar luz sobre esa operación. Puede considerarse, por tanto, un movimiento muy oportuno para la intención de Puente de transmitir imagen de diligencia a la hora de depurar responsabilidades internas, a la espera de las judiciales si las hubiera. Con ello, en cuanto al caso Koldo, es obvio que el Gobierno ha pretendido tomar la iniciativa política ante la declaración de ambos exaltos cargos previstas para el mes que viene.

El caso que, sin embargo, más complicaciones va a acarrear al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, es el que implica a su esposa, Begoña Gómez, contra la que el juez Juan Carlos Peinado tiene abiertas diligencias por supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No ha habido verano para el instructor del caso y de hecho, en apenas 24 horas, entre las mañanas del jueves y del viernes, instó a enviar a las partes el video de la declaración de Sánchez del día 30 de julio para que saquen conclusiones de su negativa a responder a las preguntas, y ordenó el registro del domicilio del empresario Carlos Barrabés y de algunas sedes de sus empresas. En este caso resulta obvio el interés del juez en no dejar en pausa la investigación sobre un asunto que sin duda requiere de máxima diligencia, dado que no se trata tan solo de que afecte a la pareja del presidente, sino que puede comprometer a una de las más altas instituciones del Estado. No es, por tanto, un asunto cualquiera.

Lo que sí es preciso en este asunto es que la diligencia en investigar el caso no se atienda solo desde su acepción de agilidad, sino también en la de cuidado. Por la connotación de los presuntos delitos y de la presunta autoría requiere una instrucción pulcra, perfecta y sin el más mínimo error que conduzca a la verdad, porque se trata de un asunto muy grave. Pero algunos pasos, como considerar que se pueden inferir conclusiones de que un testigo –en este caso Sánchez- se acoja a su derecho a no declarar puede llevar el caso a un escenario, cuando menos, extraño.