Ocho de cada diez municipios de la provincia han rendido ya las cuentas correspondientes al ejercicio 2023. Dicho de otro modo, 156 de los 191 ayuntamientos palentinos han cumplido ya con este trámite, según significó ayer el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia. Esta cifra representa el 82 por ciento del total, dos puntos por encima de la media regional, siendo Palencia la cuarta provincia en el cumplimiento de esta obligación, cuyo plazo legal finalizó el pasado 31 de octubre por detrás de Zamora (87 por ciento), Salamanca (85) y Ávila (83).
A mayores, y según desgranó Amilivia, hasta la fecha han dado cumplimiento a este trámite también la Diputación, 134 entidades locales menores (el 60 por ciento del total) y diecinueve mancomunidades y otras entidades (66 por ciento). En resumen, lo han hecho 310 de las 444 entidades del sector público de la provincia.
Estas cifras demuestran, según puso de manifiesto Amilivia, «el compromiso de alcaldes y concejales» repartidos por los 190 ayuntamientos del medio rural. Un auténtico ejército de «voluntarios al servicio de las personas y las comunidades» que se reparten por los 8.052 kilómetros cuadrados de extensión de la provincia.
Esta fue una de las cuestiones que se abordaron ayer en la reunión que Amilivia mantuvo con la presidenta de la Diputación y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén. Un encuentro que tuvo como escenario el palacio provincial a la que también se sumaron el vicepresidente segundo de la institución provincial, Urbano Alonso, el diputado Jesús Tapia y los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez. A la misma también se sumó Luis Gracia, titular de la autoridad independiente en materia de corrupción.
Durante el mismo, Armisén sostuvo que estas elevadas cifras de rendición de cuentas en la provincia «tienen mucho que ver» con el Servicio deAsistencia a Municipios (SAM) de la institución provincial por su «continua» ayuda a los pueblos a través de, por ejemplo, plataformas y elaboración de informes y servicios informativos.
A renglón seguido, se refirió a la «vocación» de las diputaciones con respecto a los municipios menores de 20.000 habitantes «para que estos presten los servicios públicos con estándares de calidad y de garantía» para los ciudadanos que residen en el territorio. Finalmente, en cuanto a la rendición de cuentas de la propia Diputación, concretó que ayuda a «tener una foto» a través de la fiscalización, lo que ayudará a «poner en marcha mejoras» allí donde haya que actuar.
LOS INCUMPLIDORES
En paralelo, Amilivia apuntó que el informe sobre la situación de los municipios más incumplidores recoge que, según los propios ayuntamientos, «las causas que motivan el incumplimiento de esta obligación legal guardan relación con factores como la falta de medios personales y retraso en la llevanza de la contabilidad, así como la carencia de medios informáticos».
Además, el presidente del Consejo de Cuentas volvió a requerir a las entidades locales que no han presentado las cuentas a hacerlo, especialmente a las mancomunidades y juntas vecinales, y recordó que la normativa estatal obliga a todas las administraciones a relacionarse entre sí por medios electrónicos.
Administración electrónica y ciberseguridad, objetos de un estudio sobre Diputación
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, anunció ayer la elaboración de un informe específico sobre la asistencia que presta la Diputación en materia de administración electrónica a los pequeños ayuntamientos del medio rural. Dicho documento pondrá especial énfasis en la ciberseguridad en un momento en el que todas las comunicaciones entre administraciones se realizan vía online.
Se da la circunstancia de que, paulatinamente, las notificaciones administrativas que el Consejo dirija a las entidades locales se irán remitiendo a través de su sede electrónica.
En este punto, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, puso en valor la existencia de un grupo multidisciplinar, a la vez que recordó el carácter pionero de la administración en materia de ciberseguridad o el medio millón de euros que destina a las plataforma de gestión de los ayuntamientos.