El rechazo a la convalidación del denominado decreto ómnibus presentado por el Gobierno de España, que incluía un importante paquete de medidas destinadas a la mejora de la calidad de vida de millones de personas, ha generado reacciones encontradas en Palencia. Mientras el PSOE denuncia un bloqueo que perjudica a pensionistas, usuarios del transporte público y colectivos vulnerables, el PP defiende su postura alegando que las medidas están condicionadas por intereses partidistas del Gobierno, e Izquierda Unida lamenta las consecuencias negativas para la clase trabajadora y los jubilados.
Por un lado, las parlamentarias socialistas Mª Luz Martínez y Rosa Aldea mostraron ayer su indignación ante lo que consideran un «acto irresponsable» por parte del Partido Popular. Según las representantes del PSOE, este rechazo supone «un golpe directo a los intereses de miles de personas» en la provincia, incluidos los 44.000 pensionistas, los usuarios del transporte público y los colectivos más vulnerables. «El PP ha mostrado su verdadero rostro. Ha decidido dar la espalda a los pensionistas, a las familias que dependen del transporte público y a las personas más vulnerables», declararon. Las socialistas destacaron que el decreto incluía la revalorización de las pensiones, con incrementos significativos para las mínimas y no contributivas, así como ayudas al transporte público y medidas sociales para proteger a los más desfavorecidos. Según Martínez y Aldea, el PP «prioriza intereses partidistas», dejando de lado el bienestar de la ciudadanía.
«no al chantaje». Desde el Partido Popular, la diputada nacional por Palencia, Milagros Marcos, defendió el voto en contra de su formación, acusando al PSOE de utilizar estas medidas como un «chantaje político» para mantener el apoyo de sus socios de gobierno. «Ya está bien de engañar a los pensionistas, que cada día tienen más dificultades para llegar a fin de mes, y de incluir regalos al PNV o protecciones a los okupas en el mismo paquete», afirmó. Marcos aseguró que el PP está comprometido con la revalorización de las pensiones y la renovación del bono de transporte, pero sin que ello implique recortes en sanidad, subidas de impuestos o medidas que favorezcan a intereses particulares. Además, denunció que el Gobierno haya marcado «un batiburrillo de medidas» en un único decreto, en lugar de abordar cada tema de manera separada. La diputada popular también instó al Ejecutivo a considerar las tres proposiciones de ley presentadas por el PP como alternativa.
el voto de «la derecha». Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, el palentino Juan Gascón, lamentó que «la derecha española del PP, la ultraderecha de Vox y la derecha catalana de Junts» hayan votado en contra de la ratificación de unos decretos que, según indicó, beneficiaban directamente a la clase trabajadora y a los jubilados.
Gascón señaló que la decisión implica la pérdida de revalorizaciones de las pensiones, con una media de 40 euros mensuales menos para los pensionistas de Castilla y León, y el freno a ayudas al transporte público, que afectarán a miles de usuarios diarios. También destacó que la no ratificación del decreto implica 612 millones de euros menos para las arcas de la Junta de Castilla y León, fondos que estaban destinados a proyectos sociales y de movilidad sostenible. «Es incomprensible que se detengan estas medidas esenciales para las familias trabajadoras», afirmó, y reafirmó el compromiso de IU con las políticas sociales.
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