La nueva fuga de Carles Puigdemont va camino de convertirse en el culebrón del verano. Ya hace casi una semana que protagonizó su segunda fuga, tras reaparecer en Barcelona y atreverse a intervenir en un acto público, y aún nadie ha asumido las responsabilidades por ese ridículo nacional sufrido tras ver cómo el expresidente catalán volvía al 'exilio' belga después de siete años huido y a pesar de que la Justicia le busca como presunto autor de un delito de malversación. Los Mossos, policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa, reconocieron fallos en su operativo, pero no hubo ni una sola dimisión ni un cese.
El Ministerio del Interior, que se lavó las manos en la nefasta actuación, explica ahora que ofreció a los Mossos d'Esquadra "cualquier apoyo operativo" para detener a Carles Puigdemont, si bien la policía catalana no requirió "tales apoyos más allá de los habituales", según el informe enviado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que está investigando lo sucedido. Según el departamento de Grande-Marlaska, dada la competencia y las capacidades operativas de la policía autonómica catalana no se puso en marcha ningún operativo paralelo y tan solo se dispusieron controles en fronteras, puertos y aeropuertos sin detectar en ningún momento al expresidente.
Aún no se conoce el informe de los Mossos al juez, sin embargo todo parece indicar que nadie querrá asumir culpas y cada uno se escudará en fallos individuales o errores en controles y seguimientos. Sean cuales sean las excusas, es impropio de un cuerpo policial del siglo XXI y de unos dirigentes políticos, tanto en la Generalitat como en el Ministerio del Interior, que se dejen engañar por un líder independentista y puedan dejar en ridículo a todo un país. Esto no puede quedar así y el nuevo presidente catalán, el socialista Salvador Illa, debe depurar la estructura de mando de los Mossos y dejar claro que cualquiera de sus miembros debe velar por el cumplimiento de la legalidad y el acatamiento del ordenamiento jurídico.
Habrá que seguir esperando para conocer si el apoyo explícito de la Generalitat a la policía autonómica, donde una gran mayoría cumplirá fielmente con sus obligaciones, es un recurso para impulsar medidas de regeneración que despoliticen la estructura de mando en los Mossos y saquen el independentismo del cuerpo policial. A la vez, el departamento de Grande-Marlaska también debe adoptar medidas ante su candidez e inocencia por seguir creyendo en la honradez y dignidad que quienes ya protagonizaron una huida en el maletero de un coche.
La falta de medidas puede llevarnos a pensar que quizás había algunos interesados en mirar hacia otro lado por los problemas que podrían haber ocasionado, incluso en el futuro, a la estabilidad del Gobierno una detención de Puigdemont, cuya formación apoya a Sánchez.