Los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se multiplicaron en 2019 por cuatro en Castilla y León al pasar de los 19 contabilizados en 2018, a los 83 del pasado ejercicio, mientras que en el conjunto de España crecieron más del doble, ya que estos procedimientos judiciales ‘antiokupas’ pasaron de 1.740 a 4.017 en 2019, lo que supone un incremento del 130,8 por ciento, según datos del Consejo General de Economistas recogidos en su ‘Atlas Concursal 2020’.

Aunque a la hora de hacer la comparación hay que tener en cuenta que esta nueva figura entró en vigor en julio del 2018, lo que es una realidad es que la ocupación de viviendas es un delito que preocupa a la sociedad y que, según se advierte desde el Colegio de Economistas de Valladolid, se incrementará si la actual crisis se prolonga.

El problema también ha sido asunto de debate en las Cortes de Castilla y León, donde en el pleno del pasado 2 de septiembre se aprobó una proposición no de ley en la que se instaba a la Junta a “establecer medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas” y se reclamaba al Gobierno mejorar la regulación jurídica de protección de los propietarios, y en la misma línea se están presentando mociones en ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad.

El decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida, asegura que entre un 70 y un 80 por ciento de los casos de viviendas ocupadas de forma ilegal en la Comunidad se registran en propiedades en manos de los bancos procedentes de embargos. “El okupa dispone previamente de esta información y la aprovecha para consumar la ocupación ilegal”, puntualiza.

Además, De Margarida advierte de que este tipo de delitos puede crecer exponencialmente si la crisis sanitaria y económica se alarga. En este sentido, argumenta que “el paro y la falta de recursos económicos pueden empujar a mucha gente a ocupar viviendas vacías, sabiendo que no tienen nada que perder y aprovechándose de que se trata de procesos judiciales que se dilatan mucho en el tiempo.

A su vez, también reconoce que existe una preocupación en sectores amplios de la sociedad, especialmente en el caso de segundas viviendas, y reclamó dotar a la Justicia de normas y medios que agilicen los procesos en los tribunales.

A este respecto, explica que existen situaciones que confunden al ciudadano. La Fiscalía General del Estado ha emitido recientemente una instrucción para que los fiscales pidan como medida cautelar al juez la expulsión de quien allane una vivienda en el inicio del proceso, pero al mismo tiempo el Congreso rechazaba una iniciativa pactada por varios partidos políticos al objeto de endurecer las penas contra los ‘okupas’ y agilizar la recuperación del inmueble. “Es evidente que existe una falta de coordinación y disposición a la hora de resolver un problema que preocupa cada vez más a la sociedad en general”, aseveró.

Por comunidades autónomas, destaca la concentración de ocupaciones en Cataluña, que aglutina el 25 por ciento del total nacional, con 1.004, seguida de Andalucía, con 771 (19 por ciento), Comunidad Valenciana, con 512 (13 por ciento) y Madrid, con 440 (11 por ciento). Por debajo de Castilla y León se encuentran La Rioja (13), Navarra (17), Asturias (29), Cantabria (34), Extremadura (47) y Aragón (77).

Los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas entraron en vigor en julio de 2018 con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación de viviendas. Se trata de una herramienta que busca agilizar que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro así como las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

A través de este procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a que pague las costas del procedimiento, así como los daños y perjuicios que se hayan producido. Contra dicha sentencia no cabe recurso. Por el contrario, cuando el hecho se denuncia a través de la vía penal, bajo el delito de usurpación u ocupación, el procedimiento suele ser más lento. En este cso las penas por estos delitos varían y los condenados enfrentan entre uno y dos años de prisión.

Denuncias

Por otro lado, el atlas del Consejo de Economistas también refleja que las denuncias por ocupación de inmuebles se han incrementado en España un 40,9 por ciento en cuatro años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que acabó en 2019.

Si se comparan las cifras aportadas por el Ministerio del Interior, entre 2015 y 2019 las denuncias por 'okupación' aumentaron en Cataluña un 69,3 por ciento en 2019, mientras que en Andalucía repuntaron un 23,1 por ciento. En el caso de Castilla y León pasaron de 196 a 205, lo supone un ligero incremento del 4,6 por ciento.

En el primer semestre del año, en Castilla y León se han registrado 84 denuncias, por las 94 contabilizadas en el mismo periodo de 2019. Esta reducción de denuncias, provocada por el confinamiento domiciliario de la pasada primavera, es una tendencia se repite en todas las comunidades a excepción de Cataluña, la comunidad más afectada con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020 frente a las 3.190 del mismo periodo de 2019, y en la Comunidad Valenciana.