Tras la crisis hemos fiado toda la recuperación a los fondos europeos. Y quien los van a gestionar, el Gobierno, nos ha prometido el oro y el moro. Vendaval de millones para todos. Pero los fondos van a llegar con cuentagotas y no sólo se va a controlar cómo y en qué se gastan -lo hará Bruselas, porque el Gobierno no quiere ningún tipo de control interno independiente y riguroso- sino que Europa exige reformas consensuadas en temas de fondo como las pensiones, la reforma laboral e, incluso, la de la Justicia, pero, además hay asuntos que necesitan pactos y el Gobierno hoy no puede garantizar que sean posibles.
La realidad económica de España, cuando empieza el último trimestre del año, y queda muy poco tiempo para cumplir los objetivos no es, precisamente, halagüeña: el Instituto Nacional de Estadística, que debe ser uno de los pocos organismos que no controla el Gobierno, ha rebajado las previsiones oficiales de crecimiento y ha dicho que en el segundo semestre hemos crecido un 1,1 frente al 2,8 por ciento que estimaba el Gobierno en sus planes. Casi una tercera parte menos.
Y, previsiblemente, el FMI, Bruselas y otros organismos también corregirán a la baja las proyecciones para España, aunque la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, inasequible al desaliento, dice que no piensan retocar su cuadro macroeconómico ni revisar sus planes. "España va bien". Calviño se escuda en la fuerte caída del PIB y del turismo. Pero la economía española es la más rezagada de la Unión Europea en la recuperación de la pandemia -por detrás de grandes como Alemania o Francia, pero también de Grecia, Croacia, Chipre o Malta también con un fuerte peso del turismo-. Y la deuda y el déficit siguen creciendo imparables. No hay más ciego que el que no quiere ver. Nos prometían el cielo y estamos en medio de la explosión del volcán.
En este trimestre, el Gobierno que ha sacado adelante hasta febrero la prórroga de los ERTE y, la subida del salario mínimo, sin el apoyo de la patronal, tiene que negociar con urgencia los Presupuestos del Estado para 2022, con la oposición de Podemos, que los quiere cocinar "a fuego lento" para arrancar concesiones que el Gobierno no debería permitirse, y con el complicado apoyo de ERC -que puede estallar en cualquier momento por los intereses independentistas- y el costoso voto del PNV o de Bildu, que volverán a sacar tajada a cambio de sus votos. Además, va a abordar la reforma laboral, que Europa exige que se haga con el consenso de la patronal y que Podemos quiere hacer contra la patronal; o la de las pensiones, con la división interna del Gobierno, escenificada un día sí y otro también entre Yolanda Díaz y Escrivá. No sé si las jubilaciones llegarán a los 75 años, pero el nivel de debate entre ambos sigue subiendo decibelios.
Y no es solo eso, que ya es bastante. El índice de Precios al Consumo lleva seis meses seguidos subiendo y la previsión para septiembre es que la subida sea de un 4 por ciento. El presidente se ha comprometido a bajar el precio de la electricidad a niveles de 2018, pero los precios de los carburantes, de la electricidad y del gas se están disparando y al riesgo de un posible problema de suministro se suma el más importante: hay muchas empresas y muchos hogares que no pueden asumir estos costes. El silencio de los sindicatos y de cuantos exigían responsabilidades y medidas, cuando el precio de la electricidad era tres o cuatro veces menor que ahora, es clamoroso.
No hace tanto, en mayo de este mismo año, el presidente Sánchez ofrecía "un diálogo nacional para pensar la España de 2050". Con que se dedicará a pensar cómo salir de 2021 y enfocar 2022 sin quebrar al país y dejar al pairo a millones de ciudadanos, sería suficiente. La economía es otro volcán y también está en erupción.