Los pueblos ribereños del río Carrión están radicalmente en contra del criterio de Dominio Público Hidraúlico (DPH) de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que define los cauces y delimita los lugares en los que se pueden plantar chopos en zonas susceptibles de inundación. Así lo pusieron ayer de manifiesto alcaldes y concejales del PP de 23 municipios, que unieron sus fuerzas por unos aprovechamientos madereros que son la base de la economía de muchas de estas localidades. Pueblos que han aprobado en sus respectivos plenos una moción en contra de la restricción que impone el organismo de cuenca.
En concreto, advirtieron de que la nueva normativa pone en peligro del orden de siete millones de euros anuales de beneficios para particulares y entidades locales y más de medio millar de empleos. Un cambio de criterio del organismo de cuenca que la diputada nacional del PP, Milagros Marcos, calificó de «absolutamente arbitrario y que no tiene ninguna lógica». Una declaración que realizó arropada por muchos de sus compañeros de partido en los pueblos afectados, el también diputado nacional Miguel Ángel Paniagua, y los senadores Rodrigo Mediavilla, Jorge Domingo González y Carmen Fernández.
Y no es para menos. Este cambio de criterio supone la inclusión en el DPH de muchas parcelas hasta ahora no recogidas, lo que conlleva a la prohibición de realizar plantaciones de chopo en ellas. Dicha medida afecta, en la subcuenca del río Carrión, al 48 por ciento del total de las hectáreas. Unos datos que, según insistió Marcos, «son muy importantes en el medio rural como para dejarlo de la mano de las arbitrariedades de la CHD y el Gobierno».
Uno de esos pueblos damnificados es La Serna, donde la venta de chopos representa el 60 por ciento de los 135.000 euros del presupuesto municipal. «Se pierden muchos puestos de trabajo y los ayuntamientos dejan de ingresar una cantidad importante. Hay que luchar para que salga adelante», lamentó su alcalde, Luis Antonio Puebla, quien ejerció de portavoz del resto de munícipes populares. «Los municipios pequeños siempre somos los más afectados», añadió.
PNL EN EL CONGRESO. En paralelo, el PP de Palencia presentó en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) por la modificación que hace la CHD, que a nivel regional afecta a unas 5.000 hectáreas en el Duero. Al respecto, Marcos subrayó que «no hay ningún motivo para ello, porque la norma se venía interpretando desde que se aprobó, pero de un día para otro se prohibe». Aún así, la prohibición «no se debe a problemas de inundaciones, ya que permiten plantar árboles que no dan beneficios económicos, mientras que los que los dan no están permitidos», criticó.
De esta forma, denunció que con estas medidas se realiza una «expropiación encubierta, al ser estos terrenos de las choperas propiedad de los ayuntamientos que las explotan, razón por la que pagan ese canon de agua». Por ello, si pasa a ser de Dominio Público Hidráulico «pertenecería al Estado», dijo. No obstante, si el criterio sigue adelante, el PP instará al Gobierno en que estos ingresos anuales lleguen a las personas afectadas.