Mal acabaron 2019 los sindicatos en sus relaciones con la Junta y mal empiezan 2020. Y no será porque la primera gran refriega tras años de buen rollo, a cuenta de la recuperación de la jornada de 35 horas en la Administración autonómica, les pudiera dejar un buen sabor de boca. Imposible. Más bien todo lo contrario, porque si a alguna conclusión debieran haber llegado entonces es que la huelga general que convocaron en la función pública en vísperas de las últimas elecciones generales fue un fracaso sin paliativos. A la vista está que o bien no han hecho reflexión oportuna o bien que una vez roto ya el clima de entendimiento que presidió durante tiempo las relaciones entre ambas partes, las cúpulas de CCOO y UGT han decidido continuar por la vía del enfrentamiento. 
La apuesta sindical por el tono elevado ha tenido esta semana su continuación después de un final de noviembre y diciembre planos desde ese lado de la mesa, sin respuesta ni acción, quizá pretendiendo sanar las heridas de noviembre. La nueva amenaza a la Junta consiste en anunciar la interrupción de las negociaciones abiertas en el marco del Diálogo Social si antes del 20 de enero no hay un acuerdo sobre las materias actualmente en debate. Es decir, si con el órdago de la huelga general por las 35 horas aún llegaron a darse cierto tiempo (casi 45 días desde que formularon la amenaza) para tratar de acercar posturas, en este caso ni siquiera sale un margen de dos semanas. O es que el acuerdo está prácticamente cerrado y con ello solo tratan de darle a la Junta un último empujón hacia la firma o claramente están dispuestos a la confrontación total.
El Diálogo Social ha sido una seña de identidad de Castilla y León, una de las mejores herencias del expresidente Juan Vicente Herrera que su sucesor, Alfonso Fernández Mañueco, quiere mantener. Sin embargo, surge la duda razonable de si desde la parte sindical la intención es la misma, porque la dialéctica empleada no había alcanzado desde hace años el tono de los últimos meses. Da la impresión de que, como mínimo, hubieran pretendido lanzar al nuevo Ejecutivo el mensaje de que nada de lo anterior valía, que Mañueco –que hoy cumple seis meses al frente de la Junta– y su equipo debían ganarse por sí mismos la paz social que disfrutó Herrera. Algo así como marcar territorio ante una nueva etapa. No hay razones de peso para pensar en otras causas distintas a esa porque en absoluto el contexto es diferente al de los últimos años. Llegados a este punto, no está de menos recordar que la prudencia es una virtud. Los sindicatos no deben renunciar a su papel, pero fuera de un escenario que lo justifique corren el riesgo de perder credibilidad en la calle y consideración en los estamentos institucionales. Por eso el segundo ultimátum en medio año suena extraño, inflexible, más aún después del fracaso cosechado en el primero.