La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) anunció hoy su intención de emprender acciones legales en defensa de los ganaderos de vacuno de leche que entre los años 2000 y 2013 se vieron afectados por las “prácticas ilegales” de las industrias lácteas. Según el secretario general de la organización en la Comunidad, Aurelio González, lo que se quiere es “defender los intereses” de estos profesionales que se han reducido de forma importante en los últimos años como consecuencia de estas condiciones laborales.
González recordó que en la actualidad apenas hay 1.200 ganaderos de vacuno de leche, una cifra que en el año 2000 era de 6.659 explotaciones y que en 2013 se había reducido hasta los 2.061 ganaderos. Según UPA, las reclamaciones las podrán hacer tanto los ganaderos en activo como aquellos que cesaron en su actividad pero que se vieron perjudicados por esas prácticas. “La sanción impuesta por la autoridad competente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en junio de este año abre la posibilidad de reclamar a estas industrias los daños sufridos por los ganaderos en esas prácticas contrarias a la competencia”, añadió el responsable de UPA.
La reclamación que se va a presentar se basa en el hecho de que las centrales de compra de leche decidieron establecer “una estrategia común para bajar los precios, manipular el mercado y restringir las libertades de los ganaderos”, para quienes se quiere reclamar una indemnización económica que compense los daños de los profesionales del sector. La organización ya avisó de que llegará “hasta las últimas consecuencias” porque el fallo de la CNMC demuestra “lo que UPA viene denunciando desde hace mucho tiempo” y es que “no es la primera vez que hay una sentencia contraria a las industrias lácteas”, que son “reincidentes” en la materia.
De hecho, González insistió en la continuidad de estas prácticas por parte de la industria láctea, lo que hizo que ya en 2015 se les impusiera una sanción de 88 millones de euros por esas “prácticas ilegales”, que estuvo seguida por un recurso y que el pasado mes de junio rebajó la sanción a 80 millones de euros, algo que es debido a la prescripción de plazos en el caso de algunas industrias. “Ha habido empresas a las que no les ha importado desmantelar un sector entero en Castilla y León” porque desde 2013 hasta la actualidad se han perdido “180 ganaderos al año”, algo que González atribuyó a “prácticas fraudulentas”.
De hecho, el secretario general de UPA cifró en 680 millones de euros la cuantía económica que las industrias lácteas han “sisado” a los ganaderos, ya que es la cantidad que se estima que han ganado “de forma ilícita”. Tras la sanción de 80 millones de euros, desde la organización agraria advirtieron de que van a estar “vigilantes” ante la actuación de estas industrias para que no repercutan en los ganaderos el precio de esta sanción.
El responsable de los servicios jurídicos de UPA en Galicia, Félix Porto, denunció la toma de acuerdos por parte de las industrias lácteas para fijar los precios de la leche ante la imposibilidad de los ganaderos de cambiar de industria. Ahora se iniciará la presentación de las demandas “con carácter individual” ante unas prácticas que “mermaron los ingresos de los productores todos esos años”. La cuantía que podrá reclamar cada explotación dependerá de muchas variables porque “cada explotación es un mundo”, y dependerá de los litros estimados, si bien “la estimación de los daños causados está en torno al diez por ciento”, dijo.
Los ganaderos tendrán que demostrar los daños sufridos, para lo que se encargará un servicio pericial para evidenciar “el daño sufrido” por cada profesional, así como cuál era el precio de la leche en aquel momento.