La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha decidido abrir diligencias penales tras analizar la denuncia interpuesta el pasado día 16 de enero por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, en la que solicitaba que investigara al equipo de gobierno por la adjudicación «verbal y directa» del contrato de recogida de papel y cartón, sin cumplir supuestamente los trámites de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los socialistas también incluyeron en su escrito de denuncia el informe sobre dos facturas de las fiestas de Palencia de 2018, por un montante global de 48.842,90 euros, que, según el servicio de Intervención del Ayuntamiento, se contrató supuestamente al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. La primera por un importe total de 24.642,90 euros se emitió a cargo de Audio Sistema Gómez Martín SL por la contratación artística de Carmelo Añonza, pregón de fiestas, conciertos de San Antolín 2018, y la segunda, por un montante de 24.200 euros, a Global Producciones SL por la contratación con la participación de Renault de Rozalén. Los socialistas argumentaron que en ambos casos el hecho cierto es que «ni siquiera se conoce quién llevó a cabo la contratación», todavía en la época de Alfonso Polanco como alcalde y Sergio Lozano como concejal de Festejos en el anterior mandato.

La decisión adoptada por el ministerio público solo supone que investigará el caso con la información que irá recopilando, es decir, se abren diligencias para ver si hay indicios de delito a partir de las pruebas que se considere oportuno practicar y de la documentación necesaria. 

En términos generales (hay excepciones, como las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada), la duración de las diligencias de investigación, para las que se nombra a un fiscal instructor, es de seis meses, prorrogables por otros seis.

Si al finalizar la investigación, el fiscal considera que hay indicios de delito, presentará ante el juzgado la correspondiente denuncia/querella, y en ese momento se inicia la instrucción judicial del procedimiento, que, a su vez, podrá desembocar en un escrito de acusación o no, dependiendo de las conclusiones de lo instruido. Si al finalizar la investigación, el fiscal considerara que no hay indicios de delito, archivará las diligencias de investigación.

El concejal socialista Carlos Hernández ya explicó ante los medios de comunicación que se incurría supuestamente en una arbitrariedad al contratar con la empresa Contenedores Castro SL la recogida del cartón y el papel al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Este contrato supone, según Hernández, «un descalabro económico para el Ayuntamiento», ya que el anterior adjudicatario -Gerepal-, «no costaba un céntimo al municipio» porque se financiaba con la venta del papel y cartón recogidos. Además, Gerepal, que ha estado prestando este servicio público los últimos seis años y en abril de 2019 avisó al Ayuntamiento de que dejaría de prestarlo a partir del 1 de diciembre de 2019, entregaba cada año 6.000 euros.