Tres años después de que la UDEF de la Policía Nacional entrara en los Ayuntamientos de Palencia, León, San Andrés de Rabanedo o Villaquilambre, el juzgado de Badalona encargado de centralizar el denominado «caso enredadera», ha acordado remitir pieza separada a los juzgados de Palencia y León que corresponda, según informó ayer Izquierda Unida, personada en la causa. El auto de inhibición a favor de estos juzgados, que es definitivo tras haber resuelto la jueza los recursos interpuestos por los imputados, acuerda la remisión de la documentación incautada en los ayuntamientos de Cistérnga (Valladolid), Palencia, León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre a los juzgados que corresponda en función de la competencia territorial, remitiéndose al escrito de la Fiscalía en cuanto a la posible tipificación de los delitos. El Ministerio Público califica los delitos cometidos en cada uno de estos ayuntamientos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o delitos de falsedad en documento público, oficial o mercantil.
El coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, organización personada como acusación particular en estas diligencias preliminares, asegura que van a seguir «muy de cerca» el desarrollo de estas investigaciones. «Los delitos de que se acusa son muy graves y más si en los mismos están implicados cargos públicos», asegura.
EN PALENCIA. La investigación desarrollada por los Agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de la capital, dentro de una operación nacional bautizada como enredadera por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico, se saldó, además del registro por espacio de cuatro horas de las propias dependencias municipales, con la detención de una mujer, que finalmente fue identificada como M.P.A.D., de 44 años, según supo Diario Palentino de fuentes consultadas. El arresto se produjo coincidiendo con el registro de las dependencias municipales, bajo los cargos de cohecho, un delito que implica la entrega de un soborno a alguien y obtener un favor de su parte. La detenida, que no es empleada municipal como corroboró la Subdelegación del Gobierno y que, al parecer, podría ejercer funciones como consultora, fue puesta en libertad.