La legislación española, tanto en materia de salud como de seguridad en el trabajo, no contempla la vacunación obligatoria, sin embargo no podría descartarse que un empresario lo solicite para sus empleados y un juez obligue a hacerlo en circunstancias muy concretas. Así lo defienden los juristas, después de que el asunto haya saltado al debate público en relación con la marcha de la campaña de inmunización, la cercanía de la vuelta al trabajo tras las vacaciones estivales y las informaciones que hablan de que algunas grandes empresas, como Google, obligarán a inocularse a toda su plantilla.

La cuestión, según los expertos, se centra en un posible conflicto entre dos bienes jurídicos igualmente protegidos como son la salud pública y determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos, como son el derecho a la libertad, la intimidad o a la objeción de conciencia.

Los expertos subrayan el principio de «autonomía de la voluntad» que establece la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, de la que se deduce que la regla general en España atiende a la no obligatoriedad de la vacunación, ni a nivel nacional ni tampoco en el trabajo.

La vacunación obligatoria no está, por el momento, entre los planes del Ejecutivo central, aunque varios gobiernos autonómicos han avanzado que estudian la posibilidad de exigirla en profesiones o sectores determinados.

El primer paso concreto, ya recurrido, lo ha dado sin embargo una administración local, el Ayuntamiento de Tous (Valencia), que ha incluido la vacuna contra la COVID-19 entre los requisitos en el proceso de selección de dos técnicos de educación infantil como personal laboral temporal.

En España, las vacunas son un derecho y no una obligación y una empresa no puede exigir la vacunación a sus empleados, subraya Carlos de la Torre, abogado de Baker McKenzie.

Según explica, se enfrentan dos derechos fundamentales: el del trabajador a su intimidad, privacidad y autonomía personal y el del resto de los empleados y de la empresa a proteger su propia salud y prevenir los contagios en el centro de trabajo. Pero no existe una base jurídica que permita a las empresas privadas resolver esa colisión de derechos, añade este letrado, que recuerda que hay otras medidas menos invasivas que sí pueden exigirse, como las mascarillas.

A su juicio, sería también «muy discutible» que una compañía pudiera exigir la inmunización como criterio de acceso a un proceso selectivo, aunque sí podría hacerse obligatoria en sectores y profesiones de riesgo (médicos, sanitarios, personal de residencias...) que pueden afectar a terceros.

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Álvarez ve menos problemas, al considerar que una interpretación extensiva de los principios de mérito y capacidad recogidos por la ley para acceder a un cargo público podrían avalar la solicitud de la vacunación para optar a un puesto.

A su entender, lo mismo ocurriría en el sector privado, donde el empresario tiene la capacidad de establecer los requisitos para desempeñar la actividad, aunque siempre que la medida no sea ni discriminatoria ni desproporcionada y que se dé un tratamiento específico a los datos sanitarios para no vulnerar el derecho a la intimidad o privacidad de los empleados.

«Cualquier restricción, u obligación, por motivos sanitarios tiene que ser excepcional y estar muy justificada», insiste por su parte David Larios, presidente de la asociación Juristas de la Salud.

La salud como prioridad

La legislación española protege la autonomía del paciente, pero en circunstancias excepcionales, como esta pandemia, los derechos personales están siendo modulados o incluso anulados, recuerda este experto. En su opinión, con la normativa vigente, la convocatoria del ayuntamiento de Tous carece de cobertura legal, y una empresa no podría exigir a sus empleados certificado de vacunación.

Tampoco ve proporcionado obligar a inmunizarse en estos momentos al personal sanitario, un sector con una tasa de vacunación muy elevada, sin apenas contagios y donde muchos no tienen contacto con pacientes vulnerables: «Podría ser matar moscas a cañonazos y hay que hilar fino, porque estamos hablando de derechos fundamentales que nos ha costado mucho conseguir», destaca.

El contexto, a su entender, podría ser distinto en las residencias, donde las tasas de inmunización son un poco más bajas, se están registrando brotes y se atiende a población de riesgo, pero insiste que, en cualquier caso, serán los jueces quienes decidan si una medida de ese tipo es proporcional.

Coincide con él Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, que considera que, «a falta de legislación que actualmente imponga la obligatoriedad de la vacuna, entendemos que habrá de ser el empresario quien requiera judicialmente a sus empleados para que se vacunen, y los jueces quienes den la solución, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto».

Hace unas semanas, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, admitió que no se puede exigir la vacunación a toda la ciudadanía, pero estimó que el negacionismo es «un peligro para la colectividad» y señaló que no se descarta exigirla a los empleados esenciales.

También la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abrió la puerta a exigir la pauta completa «en algún momento» a los profesionales que se incorporen a puestos de trabajo en el sistema sociosanitario, aunque no cree que sea necesario ahora porque el 96 por ciento del personal está vacunado.

Esas cifras son una utopía en Estados Unidos, donde empresas como Google o Microsoft, ante la vuelta a las oficinas, han decido exigir la inmunización de sus empleados, la misma medida que ha planteado la Casa Blanca a los más de cuatro millones de trabajadores del Gobierno si no quieren someterse regularmente a test.

En Francia, todo el personal sanitario está obligado a inmunizarse antes del 15 de octubre, con el riesgo de ser suspendidos de empleo y sueldo de no hacerlo, y Grecia exigirá también la vacuna a los trabajadores de las residencias de mayores desde este mes.