Los empleados de los Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por el medio rural y contratados por los ayuntamientos exigen que se les equipare económicamente con sus compañeros de la Diputación. 

En un comunicado, hablan de «absoluta discriminación y desigualdad» y aseguran que esta situación «está teniendo una notable repercusión en el estado de ánimo de los profesionales y un clima de trabajo que podría afectar a la calidad de los servicios prestados».

Fuentes consultadas de la institución provincial aseguran que los responsables de Servicios Sociales mantendrá una reunión en las próximas fechas con los empleados municipales.