Existe una leyenda blanca, larga en el tiempo, que siempre ha incidido en que los trabajos que condujeron a la Constitución fueron un ejemplo de cordialidad y consenso. Por lo común, los padres fundadores de la Transición del 78 siempre han admitido que, tras sus discusiones, terminaron siendo amigos, tanto que aceptaron la idea de Manuel Fraga y una vez al mes se reunían (luego se continuaron reuniendo) en un almuerzo en el que, según relataba José Pedro Pérez Llorca, muy recientemente fallecido: «Parecíamos un grupo de escolares recordando nuestras pequeñas hazañas». 

Pues bien, las cosas no siempre fueron ni tan sencillas, ni tan amicales. Se produjeron dos momentos trascendentales en el disenso: el debate sobre la Educación, con mayúsculas, y el Título II dedicado, desde su Artículo 56, a la Corona. Y es curioso; sobre las penalidades que tuvo que soportar la Educación para acabar en pacto, los redactores de Nuestra Norma Suprema terminaron por reconocer que estuvieron a punto de romper relaciones. No así con el otro momento. En el debate sobre la Educación, el ponente socialista, Gregorio Peces Barba, incluso decidió dar el portazo a la Comisión porque las intromisiones de la izquierda en la regulación de la enseñanza no le parecieron suficientemente acreditadas. Al final, se firmó la paz y la Educación se quedó en unas medias tintas que ha aprovechado el Gobierno social leninista de Pedro Sánchez para aprobar una Ley, la Celáa, que más parece de Maduro que del Reino de España.

Y a lo que íbamos: estas fuertes discrepancias ahora tan evidentes se admitieron por los ponentes, sin embargo, no ocurrió lo mismo con el global del Título II, «De la Corona», que costó Dios y ayuda sacar adelante, en un ambiente donde dos de los presentes, al mencionado Peces Baba por el PSOE, y Jordi Solé Turá, por el Partido Comunista, eran declaradamente republicanos. Admitían la Monarquía parlamentaria pero pretendían dejarla en las raspas, casi como un florero institucional. En este punto, sus colegas de Ponencia se avinieron, incluso el nacionalista catalán, Miguel Roca, y el Título II, desde el citado Artículo 56 al 67, se resolvió con una mera recogida de funciones representativas que hasta ahora bien es cierto no habían producido demasiados problemas. El Rey exprimió sus facultades en la ocasión decisiva del 23 de febrero de 1981, y como la asonada de Tejero y demás espadones quedó en nada, nadie quiso discutir sus competencias. Ese golpe lo paró el Monarca y agradecidos todos. 

Pero en nuestra Historia democrática ha habido un segundo golpe de Estado en octubre de 2017, sin uniformes, sin guardias civiles y sin tiros, pero golpe al fin y al cabo, en el que un grupo de sediciosos (más de 12 desde luego) proclamaron la independencia de una parte de España «contra la Constitución, el Derecho y la propia democracia», tal y como señaló Felipe VI en su monumental discurso del día 3 de aquel mes. El atentado legal existió sin duda alguna, los protagonistas fueron condenados por un delito menor, la sedición menor a la rebelión, y estamos en el trance en que estos días tirios y troyanos acudan a la Constitución para demostrar que el Rey no tiene otra posibilidad que rubricar, casi en barbecho, los indultos bochornosos que Sánchez le va a poner a la firma inmediatamente. Solo ha habido una voz discordante en este trance, la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, personaje ciertamente sin filtro, que ha lamentado públicamente que el Monarca se vea obligado a refrendar tales indultos.

Antecedente de Vox

Ya nadie lo quiere recordar pero, tras la aprobación del proyecto de eutanasia, Vox, partido que ahora permanece en silencio, se quejó también de que Felipe VI tuviera que mojarse con una Ley que, quiérase o no, atenta contra el fundamental derecho a la vida que recoge, como precepto primario e inalienable, nuestra Norma del 78. Tratando este peliagudo asunto con un reputado, también parlamentario en Madrid, del partido de Abascal, él mismo ponía reparos al papel del Rey en este asunto. Decía al cronista: «El Artículo 15 proclama el derecho a la vida y la integridad física y moral, y es claro que la eutanasia no lo respeta», «por tanto -añadía- ¿qué puede suceder si en su momento del Constitucional se pronuncia en contra de la Ley». Terminaba: «Sus propaladores quedarían desautorizados, pero ¿qué ocurriría con el Rey que se ha sumado a esa Ley».

La eutanasia será revisada en el Tribunal de Garantías, pero no atribuirá responsabilidad legal alguna al Monarca en el caso de que la Ley sea rechazada. Cuento esta peripecia porque, en estas fechas, ha vuelto a ponerse de moda la función del Rey en los indultos que promueve el Gobierno de Sánchez. Y es que de la Constitución se habla de memoria, pero no se profundiza en ella. Por encima y por debajo de las reiteradas manifestaciones de Ayuso sobre el particular, ¿es cierto o no lo es que el Rey tiene atribuido en exclusividad en el Artículo 62 párrafo i, «el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Si lo es: ¿no le corresponde la última palabra sobre esta concesión?. 

Pues los juristas más avezados están en la deliberación sobre este punto que, por lo demás, se deriva de otro precepto anterior que exige al jefe del Estado «guardar y hacer guardar la Constitución» Los mencionados juristas se preguntan, quizá de forma insolente: «¿La Constitución se guarda cuando todo un Tribunal Supremo ha dictaminado la ilegalidad de los indultos que va a decretar el Gobierno?».

Llegado este punto, dos aclaraciones: en este momento, es claro, el Rey no puede negarse a refrendar ni una sola iniciativa del Gobierno pero, tras estos episodios, el de la eutanasia y el de los indultos, tan lacerantes para la comprobada solidez moral de Felipe VI, hay obligación vital de plantear la revisión de una arquitectura constitucional que, en muchas voces autorizadas de España, convierte al Monarca en un mero escribano de las voluntades de su Gobierno. 

No es esta una apreciación personal. Al respecto traigo a colación un sucedido: en los primeros años 80, en pleno auge del Club de debate Siglo XXI de Madrid, compareció en él uno de los ponentes de la Constitución, el centrista Gabriel Cisneros que, en la línea de lo escrito líneas arriba, se mostró crítico con el Título que inscribe las potencialidades del jefe del Estado. 

Planteó literalmente esto: «¿Qué podría pasar si al Rey se le pone a la firma un decreto o una Ley claramente inconstitucional?». Le contestó el profesor Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo que justo acaba de fallecer esta semana: «Gaby (diminutivo cordial de Gabriel), haberlo hecho mejor».