«No puede volver a producirse lo que pasó con Sara». Estas fueron las palabras de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en septiembre de 2019 en referencia a la menor de cuatro años maltratada, violada y asesinada en Valladolid en agosto de 2017 por la pareja de su madre. Una frase que se esta semana ha tomado especial sentido tras el anunció de la modificación del decreto que regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o desamparo, así como los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones necesarias para llevarla a cabo. Esta medida, según precisó la consejera IsabelBlanco, permitirá que en el caso de que se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso. «Este Gobierno tiene el compromiso personal de todos sus miembros con la protección de las personas, y en especial de los más vulnerables, en este caso los menores. Tenemos en marcha la Red Centinela, que garantiza la detección de situaciones de desamparo o especial vulnerabilidad, y existen diferentes protocolos, pero con este decreto se pretende ir un paso más allá, reforzar esos protocolos existentes y darle ese caracteres de obligatoriedad a su cumplimiento», señaló Blanco. En ese sentido, apuntó que la normativa «refuerza las actuaciones que se realizan desde la detección y la colaboración entre las distintas instituciones o actores implicados, a la hora de detectar estas situaciones».
El principal objetivo de dicha modificación, con la que se cumple uno de los compromisos de legislatura según informa Ical, es potenciar las actuaciones de protección a la infancia en base a una labor coordinada de todos los profesionales implicados. Desde enero de 2020 hasta finales del pasado mes de noviembre, se recibieron en Castilla y León 1.296 notificaciones por parte de personas o profesionales que detectaron posibles situaciones de maltrato a menores, que se tradujeron en 649 investigaciones.
«Tendríamos que haberla aprobado antes pero se ha visto retrasada por la paralización de plazos provocada por la pandemia, pero todos los integrantes del Gobierno nos sentimos orgullosos, porque damos cumplimiento al compromiso personal que adquirimos de proteger a las personas más vulnerables», dijo. La modificación establece los cauces y mecanismos administrativos de coordinación para que cualquier persona que detecte una situación de riesgo lo ponga en conocimiento de la Entidad de Protección.
Diferentes vías
La normativa establece diferentes vías para notificar posibles casos de riesgo o desamparo de menores. La consejera detalló que el nuevo decreto permite «aumentar los mecanismos de detección y colaboración», ya que «cualquier persona con conocimiento de esta situación podrá denunciarlo» de forma inmediata. Así, si la situación no implica riesgo inminente para el menor habría que notificar el caso a través de los Centros de Acción Social dependientes de las corporaciones locales, telefónicamente a través del servicio de atención al ciudadano 012.
Si la situación implica un riesgo o peligro inminente, deberá notificarse «de forma urgente» a través del 112 y los propios menores que puedan ser víctimas o conocedores de una posible situación de riesgo o desamparo podrán denunciarla a través del ‘Teléfono de ayuda a niños y adolescentes’ 116 111, gratuito y confidencial. Por otra parte, si la situación de maltrato se detecta al ingresar en un centro hospitalario, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o servicios sociales.