Después de más de diez años de instrucción y tras suspenderse hace dos años porque las partes no tenían la causa al completo, el macrojuicio del 'caso Perla Negra' quedó ayer visto para sentencia, tras una veintena de sesiones por las que han pasado decenas de peritos y testigos, entre ellos Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta, y Pilar del Olmo, exconsejera de Hacienda. A excepción de Alberto Esgueva, empresario y exdirector de internacionalización de la Agenda de Desarrollo Económico (ADE), el Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas para el resto de los acusados. Por su parte, todas las defensas reclamaron la libre absolución y criticaron que las imputaciones están basadas en un relato «imaginario» al que no se han aportado pruebas.

En este sentido, el abogado de Martín Giraldo, administrador de Urban, aseguró que se trata de un juicio que «nunca se debería haber celebrado» por falta de pruebas y argumentó que en el caso de que existiera un delito de revelación de secretos ya habría prescrito. Mientras tanto, el abogado de Rafael Delgado y el de Begoña Hernández, ambos exviceconsejeros, alegaron que no se produjo ningún perjuicio económico para la Junta y defendieron la idoneidad de comprar el edificio de Soluciones Empresariales por el ahorro que suponía el dejar de pagar el alquiler de las diversas sedes que tenía ADE, informa Ical.

Durante la vista, las defensas también apelaron al principio de jerarquía en la Consejería y recordaron el peso de Tomás Villanueva en el Gobierno autonómico, del que fue vicepresidente, además de presidente del PP de Valladolid, insistiendo que todas las decisiones pasaban por él. No obstante, la Fiscalía advirtió que no se puede responsabilizar «de todo» al exconsejero Villanueva, dado que los acusados conocían perfectamente que se estaban cometiendo irregularidades, por lo que pudieron haberse negado a cumplir órdenes o bien haber presentado su dimisión.

A su vez, muchos de los letrados dejaron entrever un tinte político en el caso. El más explícito fue el abogado de Juan Carlos Sacristán, que acusó al Ministerio Fiscal de elaborar una «teoría conspiranoica», a la vez que denunció la presencia de la acusación popular, ejercida por el PSOE, asegurando que su único interés ha sido tener acceso a la información de la instrucción para usarla en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes y desgastar al PP. En este sentido, la mayoría de las defensas reclamaron que se imponga a la acusación popular las costas del proceso por actuar «de mala fe» y con «temeridad».

«Lo volvería a hacer»

El único acusado que utilizó el turno final de palabra fue Rafael Delgado, que aseguró que los 16 años que trabajó para la Junta se limitó a cumplir con su trabajo con «obediencia jerárquica», a la vez que afirmó que no fue consciente de cometer ningún delito durante su gestión. Es más, aseveró que «lo volvería hacer» de la misma forma.

Delgado también se mostró «perplejo» por la posición de la Junta, dado que mientras ejerce la acusación particular, altos cargos como el actual viceconsejero Carlos Martín Tobalina, o el director general de Industria, Jesús Jiménez, mantienen una «versión distinta».