Hace poco más de un mes, UPA y Unión de Uniones firmaban un acuerdo con el Ministerio de Agricultura en el que aceptaban las 43 medidas propuestas por el ministro Planas para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector primario. ASAJA y COAG no quisieron unirse por diversas razones, pero básicamente argumentaban que el documento presentado por el Gobierno estaba preñado de buenas intenciones pero adolecía de una preocupante falta de medidas concretas para solucionar problemas. Y han sido estas dos organizaciones agrarias las que, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de España, han vuelto a pedir al Gobierno soluciones reales y definidas para el campo ante lo que han considerado como un «cierre en falso» de la crisis del sector durante estos últimos dos meses.

Las organizaciones han considerado «insuficientes» los pasos tomados hasta ahora si lo que se quiere es un sector primario «viable» durante los próximos 20 años y por ello han denunciado «falta de confianza e inseguridad» al respecto de las negociaciones abiertas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que podrían desembocar, han anunciado, en «nuevas movilizaciones».

En un documento «reivindicativo», bautizado 'Agricultura, cuestión de Estado. Unidad de acción y soluciones concretas para el campo', las tres asociaciones han propuesto doce medidas, entre las que destaca una solución para la PAC que pasa por una simplificación «real y efectiva» a través de una reducción de la burocracia. «Esta PAC no era la que necesitaba el campo español y lo dijimos», ha criticado el presidente de ASAJA, Pedro Barato, mientras consideran que la «trampa» en los últimos presupuestos se ha traducido en «menos dinero» para los agricultores y ganaderos españoles.

Los no firmantes lanzan su propuestaAtendiendo al frente del comercio internacional, se ha pedido la introducción de las cláusulas espejo y un estricto cumplimiento de los acuerdos comerciales rubricados por los países europeos para evitar una competencia «desleal» de terceros países. «La guerra de Ucrania tiene consecuencias, pero los barcos salen llenos de cereal y fomentan la competencia desleal en el sector», ha denunciado el máximo responsable de ASAJA.

En lo relativo a la Ley de la Cadena Alimentaria de 2020, Cooperativas Agro-alimentarias ha solicitado su reformulación con el objetivo de garantizar la «rentabilidad» de las explotaciones. «Estamos falseando lo que hacemos creer a los agricultores: para subir la rentabilidad y mejorar los precios hace falta aplicar política agraria y no presión sobre las cooperativas», ha espetado Ángel Villafranca, presidente de esta entidad.

Sin embargo, la mayor de las exigencias se ha concentrado en materia ganadera -la gran olvidada en las 43 medidas de Planas- al exigir que cesen los ataques y las campañas de desprestigio que vinculan al sector con el calentamiento global o con enfermedades graves. Respecto a este asunto, las organizaciones han lanzado varias críticas a la ministra para la Transición Ecológica y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, por no haber respondido a sus llamadas de atención sobre el papel que juega su departamento en el futuro de la ganadería. «Con sus antecedentes, nos puede preocupar que se convierta en la próxima comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea», ha valorado Miguel Padilla, secretario general de COAG.

Los no firmantes lanzan su propuestaTambién ha habido una petición expresa al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz por la última de las reformas laborales. A este respecto, se ha considerado la «necesidad» de que se tengan en cuenta las particularidades del campo. En concreto, lo que se ha pedido es la aplicación de los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran. «Es una barbaridad quitarnos la temporalidad», ha insistido Padilla, al tiempo que ha pedido medidas de apoyo «reales» al relevo generacional no solo con la incorporación de jóvenes al campo, sino también para su permanencia.

En lo que respecta a la fiscalidad, los agricultores y ganaderos han solicitado el incremento a 300.000 euros de los límites de estimación objetiva del IRPF (lo que se conoce como módulos) y financiación para hacer frente a las consecuencias de la sequía dotando de liquidez al sector «sin dejar a nadie atrás».

El documento.

A continuación, y de manera resumida, desglosamos los 12 puntos que contiene 'Agricultura, cuestión de Estado. Unidad de acción y soluciones concretas para el campo'

1.-Política Agraria Común

La nueva PAC incrementa de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables a la actividad agraria, constituyendo por sí misma un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida fundamentalmente por microempresas, además de un coste adicional. Las organizaciones exigen simplificación real de la PAC y eliminación de burocracia.

Lamentan que España desaproveche el amplio margen de actuación que le brinda el Plan Estratégico y se centre de forma exclusiva en un paradigma ambiental con un enfoque burocratizado. Califican como desalentador que no se reconozca el compromiso con la sostenibilidad de la actividad agraria y los avances logrados en los últimos años en métodos respetuosos con el medio ambiente.

2.-Comercio internacional

Piden cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales e introducción de las cláusulas espejo en los mismos. Las importaciones de productos que no cumplen las normativas de la UE y los acuerdos de libre comercio provocan impactos negativos en los agricultores y al mismo tiempo no tener las mismas reglas de juego genera una competitividad desigual en los mercados internacionales. ASAJA COAG y Cooperativas proponen la creación de una Comisión Permanente sobre importaciones.

3.-Cadena alimentaria

Sostienen que el Observatorio de la Cadena Alimentaria debe ser un instrumento de transparencia y referencia para el mercado. Debe respetarse el modelo de empresa cooperativa agroalimentaria, sacando del ámbito de actuación de la ley la relación entre el socio y su cooperativa. A efectos del registro de contratos alimentarios, las cooperativas agroalimentarias deben tener el mismo tratamiento que el resto de modelos empresariales para evitar la desventaja competitiva que se está generando en estos momentos.

4.-Agua

Exigen que el Gobierno apueste de forma decidida por una política hidráulica con inversiones en infraestructuras. También pretenden concienciar de la importancia del regadío como sistema productivo, superando una imagen distorsionada de lo que significa y representa. Mejorar su imagen pública y concienciar sobre su potencial productivo: un tercio de la tierra de labor supone dos tercios de la producción final agrícola. Y que el agua deje de utilizarse como arma arrojadiza entre distintas siglas políticas.

5.-Ganadería

Mantienen que es necesario reconocer la importancia de la ganadería extensiva e intensiva y los beneficios sociales, económicos y medioambientales que implica. El sector ganadero debe ser respetado y protegido ante ataques infundados y campañas de desprestigio que lo vinculan con el calentamiento global o con enfermedades graves. Piden que cualquier normativa que afecte a los sectores ganaderos cuente con estudios de impacto y se debata bajo criterios de evidencia científica. Por otra parte, no aceptan que las normativas españolas en sanidad, bienestar animal, transporte, etc. incluyan exigencias que van más allá que las de la UE. Rechazan en ese sentido el plan sanitario integral, el veterinario de explotación, etc.

6.-Trabajo

Solicitan una adaptación de la última Reforma Laboral impulsada por Yolanda Díaz a las necesidades del campo por circunstancias de producción: aplicación de los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran. También bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del SMI.

7.-Relevo Generacional

Reclaman medidas de apoyo reales al relevo generacional. Es necesario respaldar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y ganadera con medidas políticas que les den prioridad en la concesión de ayudas y económicas con bonificaciones. Además, este reto exige no sólo asegurar la incorporación de los jóvenes al campo, sino también su permanencia a través de la profesionalización y la consecución de rentabilidad en sus explotaciones.

8.-Financiación y sequía

Piden poner a disposición líneas de financiación bonificadas para 2024 para los sectores y territorios más afectados por la sequía, incluyendo aquellos agricultores de regadío perjudicados por la reducción de dotaciones. En este último caso, refinanciación de la amortización de los préstamos de modernización de los agricultores de regadío afectados por reducción de al menos un 50% de su dotación. Por otro lado, las empresas cooperativas agroalimentarias deben contar con líneas de ayudas y de financiación propias para poder afrontar la falta de abastecimiento de sus socios productores, puesto que es una estructura con costes fijos que no pueden mantenerse sin producto que comercializar.

9.-Fiscalidad

Las organizaciones exigen la adaptación de los límites de la estimación objetiva del IRPF (módulos) a 300.000 euros en el sector agrario debido a la inflación de precios. Y medidas para los agricultores y ganaderos en Estimación Directa del IRPF.

10.-Seguros agrarios

Consideran preciso garantizar el presupuesto necesario para atender la siniestralidad extraordinaria provocada por fenómenos extremos; sostienen que es imprescindible separar los daños normales de los extraordinarios causados por el cambio climático. Piden también una revisión del actual sistema de subvenciones fijado en el Plan de seguros agrarios combinados; se debe garantizar que los profesionales, jóvenes y socios de OPs lleguen al 70% de subvención. Asimismo, ven necesario redefinir la subvención adicional por contratación colectiva.

11.-Medio ambiente

En este punto, una de la grandes reivindicaciones, exigen adaptar los compromisos y agenda del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor. Mantienen que hace falta un diálogo continuado sobre los objetivos a conseguir, unos plazos posibles para cumplirlos, una financiación pública suficiente que compense los bienes públicos producidos que no paga el mercado y una coherencia entre las políticas medioambientales, por un lado, y las económicas y comerciales por otro.

12.-Fauna salvaje

Las organizaciones exigen la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.