La cuesta de enero será menos pronunciada para unos  80.000  funcionarios de la Junta de Castilla y León pues cobrarán en la nómina de este mes la parte de la paga extra pendiente de ingresar de 2012, cuando el mes de diciembre sí se les hizo cuesta arriba por la medida impuesta desde el Ministerio de Hacienda. 

 

Cada empleado público cobrará entre 139 y 326 euros euros, en función de su categoría profesional, siempre y cuando hubieran trabajado el año 2012 completo. Esta cantidad , siempre orientativa, se reduce en el caso de que no completasen el ejercicio dentro de la plantilla de la Administración regional. La suma total del pago de esa parte de la extra asciende a 27 millones de euros, que se suman a los 23 ya abonados en mayo del año pasado por la Junta de Castilla y León tras el acuerdo entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos en la Mesa de la Función Pública el 15 de abril de 2014. 

 

La retribución de esa parte de la extra corresponde al 55 por ciento que quedaba pendiente de aquella primera fracción de la extra. Los empleados público en activo lo cobrarán directamente en la nómina de este mes, que se ingresará entre los días 28 y 29, como es habitual. Para que cada uno se haga sus propios cálculos será  un diez por ciento más de lo que ingresaron el pasado mayo. 

 

Sale de ojo que el reintegro de la extra no será completo. Se trata de los 44 días a los que tenían derecho porque la norma que suprimía la paga extra de diciembre de 2012 entró en vigor a mediados de julio y los derechos generados comenzaban a contar en junio. 

 

Los tribunales ya dieron la razón a los trabajadores que lo recurrieron y ante esta circunstancia, la Junta, en contra del criterio del Gobierno, decidió alcanzar un acuerdo con los sindicatos para acelerar la devolución y evitar pleitos, con sus respectivos costes. 

 

Constitucional. No obstante, todavía está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso sobre el pago de la extra completa de 2012 que reclaman los sindicatos por considerar que la medida del Ministerio de Hacienda no se ajusta al derecho. 

 

El abono de parte proporcional de la paga extra afecta al personal dependiente de la Administración regional y los organismos autónomos, tanto funcionarios como laborales, pero también a los empleados de las universidades públicas y los centros educativos concertados. 

 

En el caso de los trabajadores de la administración general del Estado, que incluyen cuerpos y fuerzas de seguridad, el Ejéricto personal de la Seguridad Social la Agencia Tributaria o emplados de las delegaciones del Gobierno que hayan cambiado de destino desde 2012, tendrán que solictarlo a través de una herramienta habilitada en la web del Ministerio de Hacienda. Para ello tendrán que acceder a la sede electrónica de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas y en el portal de Intranet de los empleados públicos Funciona.

 

La secretaria de Función Pública de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, critica la actitud mostrada por el Ministerio de Hacienda y en especial su titular, Cristóbal Montoro, en este tema. «Se ha estado jugando con los derechos de los empleados públicos con una actitud que parece que regala algo, pero no da nada, hace lo que la ley le obliga. Les corresponde a los trabajadores y se lo quitó en 2012», sentenció.