El despliegue de fibra óptica en la capital palentina está cerca de cumplir su primer año, un aniversario que las empresas tecnológicas van a celebrar entre quejas ciudadanas por la forma en la que se está acometiendo la instalación de la red FTTH (Fiber to the home). 

Malestar que, por ahora, se ha sustanciado en la Concejalía de Urbanismo en seis denuncias de comunidades de vecinos y particulares, en varias consultas ciudadanas y en una petición formal del Ayuntamiento capitalino a los directivos de las empresas para mantener una reunión en la que abordar los problemas que están surgiendo.

Esas seis quejas, según ha podido saber este periódico, van contra dos empresas Telefónica (3) y Jazztel (3), y se deben a la instalación en fachadas sin autorización del propietario o de la comunidad de propietarios. 

La instalación por fachada es una de los dos formas en las que estas operadoras -o sus subcontratas- despliegan la fibra óptica en la ciudad; la otra es utilizar la infraestructura soterrada existente. 

Durante los últimos meses son varias las firmas tecnológicas que han solicitado al Ayuntamiento la licencia de obras o han presentado la declaración responsable para el despliegue por la vía pública para usar este segundo método. Entre estas están Vodafone, Telefónica y Jazztel. 

¿Qué hace la Concejalía de Urbanismo cuando recibe una denuncia? Lo primero es requerir a la empresa instaladora que presente una licencia de obras para proceder a la restauración de la legalidad, trámite para el que tienen un plazo máximo de tres meses, explican desde el Consistorio. 

Si transcurridos esos tres meses no se ha cumplido con el mandato municipal, el Consistorio abre un expediente sancionador. En estos momentos las seis denuncias a las que antes se ha hecho mención se encuentran en el proceso de restauración de la legalidad; una de ellas, que atañe a Jazztel, cuenta ya con la autorización de la comunidad de propietarios.

Vía civil. Además, las comunidades de vecinos tienen otra opción, la de ejercer las acciones civiles contra las empresas por la instalación en sus fachadas sin autorización de la propiedad. Este, en todo caso, sería un proceso judicial paralelo al que se lleva a cabo por el Ayuntamiento.

La reciente queja de la Asociación de Vecinos del barrio de El Cristo, por las «amenazas, coacciones y engaño» de los comerciales y operarios de las empresas que están realizando la instalación de la fibra óptica», unida al malestar que en su día expresó también el barrio de la Avenida de Madrid, han hecho que este tema trascienda al nivel político.

Tanto en las Comisiones de Urbanismo como en el último pleno, la oposición ha reclamado al equipo de Gobierno acciones de control sobre estas empresas. 

La concejala de Urbanismo, María Álvarez, quiso dejar claro que «la competencia municipal es requerir a las empresas que presenten una licencia para que legalicen esa instalación». «En los casos que no puedan, evidentemente, tendrán que desmontarla», afirmó la edil, que se comprometió a «transmitirles el malestar que ha llegado al Ayuntamiento de todas las asociaciones vecinales y de muchos vecinos en particular, por el trato en general que están teniendo».