La Fiscalía de Palencia reiteró ayer su petición de una pena global de 75 años de prisión para un palentino, P.V.R., de 63 años, como presunto autor de seis delitos de violación y otros seis delitos de amenazas a una menor, sobrina segunda suya y de 15 años en el momento de los hechos, que supuestamente fueron cometidos entre los meses de enero y marzo de 2012 en su vivienda, que servía de punto de encuentro para que sus padres separados pudieran cumplir el régimen de visitas de fines de semana establecido por un Juzgado de Palencia.

Por lo demás, el juicio por estos hechos quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial, una vista oral en la que se acreditaron varios aspectos de interés. Primero, el lío o confusión de las fechas en las que supuestamente se cometieron los hechos, posteriormente la ratificación por parte de la víctima de las agresiones sufridas, la negación de las mismas por parte del acusado, la declaración de la madre de la denunciante poniendo en duda los hechos y, por último, los peritos forenses acreditaron que los moratones presentes en el cuerpo de la chica tuvieron su origen unos 10 días después de consumarse supuestamente la última agresión sexual denunciada.

DISFUNCIÓN. El acusado P.V.R. relató ante la Sala, entre otras consideraciones, que no pudo cometer los hechos puesto que está medicándose por su «impotencia sexual». La defensa legal del acusado ejercida por el despacho de abogados de Gabriel Ruiz-Carlos Lamalfa volvió a sostener que «no solo queda patente en el historial médico donde se trata la impotencia sexual y se pauta Levitra, sino que en la propia acta de entrada y registro del domicilio del imputado se comprueba en el cajón de la mesita de al lado de la cama la existencia de medicamentos. Esto demuestra que el imputado está medicándose por su impotencia sexual».

P.V.R. reiteró ante la Sala que la denunciante «hapodido actuar por dinero. Yo nunca he tenido problemas con ella». A preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, el acusado señaló que las pruebas biológicas halladas en las sábanas de la cama eran suyas, «pero están ahí desde hace 14 meses, justo un poco antes de morir mi mujer tras mantener relaciones sexuales con ella. Luego, no quise que nada se tocara de la habitación e incluso duermo en el sofá».

La denunciante, entre tanto, relató las seis supuestas agresiones sexuales sufridas y no recordó exactamente las fechas en las que se cometieron teniendo en cuenta el régimen de visitas concertadas. Reiteró que se lo contó a su compañero sentimental «porque veía que yo le rechazaba en sus besos y abrazos y luego fue él quien se lo contó a mi padre».

A preguntas de la defensa del acusado sobre unos informes médicos en los que aparecía sintomatología de alguna posible agresión sexual que podría haber sufrido con anterioridad a estos hechos, concretamente en los años 2001 y 2006, la denunciante lo negó rotundamente al afirmar que las únicas agresiones  de esa índole que sufrió fueron las narradas en este procedimiento judicial.

Tras las declaraciones de víctima y acusado, comparecieron en la sala como testigos los padres de la joven y el compañero sentimental. Mientras su padre relató cómo se enteró de los hechos y que en consecuencia acudió a la asistente social, que le derivó a la Guardia Civil, la madre puso en duda la versión de los hechos de la denunciante, incluso negándolos. Asimismo, fueron dados por reproducidos los informes de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el asunto, mientras que los peritos forenses indicaron que los moratones que sufría la chica, concretamente hematomas en la extremidad superior derecha e inferior izquierda, así como un enrojecimiento de la zona anal, tuvieron su origen unos 10 días después de cometerse supuestamente la última agresión sexual.

El fiscal finalmente dio por reproducido su informe de conclusiones provisionales que elevó a definitivas, al igual que la acusación particular, que defiende los intereses de la víctima, que está ejercida por el abogado palentino Enrique Carasa y que se adhirió a la Fiscalía; y la defensa.

El fiscal sostiene que el acusado P.V.R. prestaba su domicilio situado en una localidad del norte de la provincia como punto de encuentro para que, cada 15 días, su sobrina pudiera cumplir con el régimen de visitas de fines de semana alternos establecido en favor de su madre por la autoridad judicial.

Bajo este prisma, el padre de la menor, que ostentaba su custodia, trasladaba los viernes alternos a la chica desde su domicilio a la vivienda del acusado, lugar donde a su vez esta era recogida por su madre para trasladarse posteriormente las dos al domicilio de la progenitora al objeto de disfrutar con ella dichas visitas de fines de semana. El Ministerio Público relata que la madre, tras quedarse sin nadie que la pudiera llevar para recoger a su hija, obtuvo el compromiso del acusado de trasladar a la menor en su vehículo para estos menesteres, lo que propició que durante los intercambios la menor se quedara en compañía de P.V.R. durante un espacio de tiempo comprendido entre una hora y media y dos horas, tiempo que servía para que la chica pudiera merendar.

A partir de aquí el fiscal relata de manera muy concisa las agresiones sexuales con acceso carnal que supuestamente cometió el procesado sobre la adolescente, agresiones que se iniciaron en enero de 2012. Esta primera agresión se consumó en el dormitorio y posteriormente mientras la trasladaba a la casa de su madre, tras darle 10 euros, la amenazó con matarla si decía algo, mostrándole además dos navajas que tenía en la guantera del coche.

La segunda agresión sexual sufrida por la chica se produjo 15 días después (20 de enero de 2012), de igual manera que la primera vez con la única diferencia que al rebelarse la menor y tratar de cerrar las piernas, el acusado le propinó supuestamente patadas para vencer su resistencia hasta consumar finalmente el delito. Al igual que en la primera ocasión, durante el traslado posterior a la casa de la madre el acusado, tras darle 10 euros, volvió a amenazar a la adolescente con matarla a ella y su madre si contaba lo sucedido.

El 3 de febrero de 2012, una vez en el interior de la vivienda del acusado, la chica, según el relato del Ministerio Fiscal, decidió en esta ocasión permanecer sentada en el suelo de la entrada, pero P.V.R. la agarró del pelo para levantarla y después de quedar mareada al sufrir un golpe en la cabeza durante el forcejeo, el procesado se aprovechó de la situación para desnudarla y consumar la agresión sexual.

Al siguiente fin de semana alterno (17 de febrero de 2012), la menor llegó en este momento confiada en que el procesado no le haría nada pues llevaba 30 euros que con anterioridad le había pedido P.V.R. para que «no se repitieran los hechos».

Sin embargo, bajo la falsa promesa de que le daría un regalo, la llevó al dormitorio y tras forcejear con ella consumó otra agresión sexual. En esta ocasión, la consumó mientras la víctima permanecía inconsciente, ya que durante el forcejeo se golpeó la cabeza con la parte posterior de la cama.

La quinta agresión sexual se cometió quince días después de igual manera que las anteriores, aunque en esta ocasión con la diferencia de que pese a sus chillidos y lloros, la víctima apenas ofreció resistencia, «por considerar inútiles sus esfuerzos para evitarlo», según subraya el fiscal, al tiempo que, como en los cuatro casos anteriores, las amenazas prosiguieron.

La última violación fue consumada, según el Ministerio Público, el 17 de marzo de 2012, aunque en esta ocasión la chica sí opuso resistencia, por lo que recibió patadas en todo el cuerpo por parte del acusado hasta que logró reducir su voluntad.

DETENIDO. Doce días después de esta última agresión, la joven decidió confesar lo que había ocurrido a su pareja, quien a su vez se lo hizo saber a su padre, que denunció los hechos el día 3 de abril de 2012

El procesado fue detenido por la Guardia Civil el mismo día 3 de abril de 2012, aunque fue puesto en libertad al día siguiente, acordándose medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la menor.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, además de pedir para el procesado medida de alejamiento de la víctima a menos de 500 metros por un tiempo de diez años superior a la pena que finalmente le impongan si es condenado, añade en su escrito que si subsidiariamente la Sala considera los hechos como un delito continuado de agresión sexual  y un delito continuado de amenazas se le impongan al acusado penas que suman 21 años y tres meses de cárcel. En el apartado de responsabilidad civil el fiscal solicita una indemnización del acusado para con la víctima de 5.000 euros por daños morales.