Los presidentes de las juntas vecinales de Zorita, Páramo y Villaneceriel han presentado una reclamación previa a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de Carrión de los Condes, en la que solicitan al alcalde del municipio de Páramo de Boedo al que pertenecen que les abone 10.000 euros del pago del alumbrado público - 5.000 euros a Páramo, 4.000 a Zorita y otros 1.000 a Villaneceriel-.
Según han explicado los representantes de las pedanías, pertenecientes al grupo independiente Electores de Páramo de Boedo que cuenta con un concejal de los tres que hay en el Ayuntamiento -dos del PP-, hace dos años en sesión plenaria se dio luz verde por unanimidad a la cesión de la competencia en materia de alumbrado público, sin embargo el Ayuntamiento de Páramo «no ha pagado unos gastos que hemos abonado las juntas vecinales con el fin de que no nos cortasen el suministro eléctrico».
También indican que han acudido a la Diputación e incluso han hablado con miembros de su partido para intentar llegar a una solución. «Además de la luz tenemos otros problemas como el cobro de una tasa de basuras en las naves industriales y agrícolas, sin haberla modificado en sesión plenaria», comentan los representantes vecinales.
basuras. Un asunto que según han adelantado a DP llevarán mañana jueves al Juzgado de Carrión de los Condes con el fin de que se consideren ilegales esos cobros. «Es la única vía que nos queda ante la falta de respuesta por parte de la Alcaldía sobre las incorrecciones de los recibos del padrón de basura correspondiente al pasado ejercicio, que incluye naves y solares que por sus características no son objeto tributario, además de emitir algunos recibos por duplicado».
Aseguran que los vecinos «se sienten en una situación de indefensión porque las naves nunca han pagado recibos puesto que no están sujetas a la tasa en la ordenanza fiscal».
Finalmente han enviado un escrito al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación en el que explican el problema y han recogido cerca de cien firmas -incluyendo también las de vecinos que no están censados y que acuden los fines de semana o en verano- con el fin de que no se cobren los recibos y posteriormente se reintegren los importes.