Acabar con las diputaciones provinciales de Castilla y León permitiría unos ahorros potenciales a medio plazo de 271 millones de euros, dentro de un recorte de gasto global en España de 1.230 millones. Así aparece reflejado en el informe ‘Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario’ de la fundación ¿Hay Derecho?, que se presentó ayer en Madrid, donde se hace este cálculo teórico teniendo en cuenta el coste del personal, los gastos corrientes y las transferencias corrientes eliminando las ayudas directas a la ciudadanía.
Los ahorros a medio plazo en su conjunto duplicarían los logrados de forma inmediata, que se cifran en España en cerca de 600 millones, porque se integrarían sus servicios en las delegaciones de las autonomías, evitando duplicidades; se racionalizarían las políticas; desaparecerían sus entidades instrumentales; y se eliminarían los sobrecostes de gestión.
El ahorro se estima a partir del cálculo del gasto por habitante de las tres diputaciones más eficientes (A Coruña, Alicante y Pontevedra), y se fija en el desembolso por persona que supere dicho umbral. En este sentido, Soria, Segovia, Palencia y Zamora aparecen como las menos eficientes de las 38 analizadas y superan el promedio de las mejores (86,5 euros por habitantes), en 257 euros la soriana; en 197,1 la segoviana; en 163,7 la palentina; y en 147,1, la zamorana.
La abulense aparece en el puesto 30; la salmantina en el 29; la burgalesa en el 27; y la leonesa en el 25, con diferenciales de 120,9; 118,9; 99,3; y 86,9 euros, respectivamente. La institución provincial más eficiente de la Comunidad es la vallisoletana (puesto 13), con un diferencial de gasto por habitante con las tres primeras, de 44,3 euros.
Fuerte dependencia. El informe recogido por Ical, constata la «fuerte dependencia» de las instituciones provinciales de las transferencias externas, especialmente del Estado. Al respecto, sentencia que se trata de «instituciones básicamente irresponsables, en la medida en que no tiene que recaudar para ingresar lo que gastan».
Asimismo, el documento relata que Castilla y León y Andalucía son las comunidades que financian a sus diputaciones, aunque siempre con porcentajes inferiores al 20 por ciento de sus ingresos. El texto indica que «parece razonable deducir del hecho de que solo dos de las comunidades financien, aunque no muy generosamente, a sus diputaciones, que el nivel de coordinación no puede ser muy grande».
Los datos del informe indican que la diputación que más porcentaje recibe de sus ingresos del Estado es Ciudad Real, con un 83 por ciento. En el caso de Castilla y León, Zamora recibe un 69,3 por ciento; Salamanca, un 68,7 por ciento; Ávila, un 64,1 por ciento; León, un 63 por ciento; Valladolid, un 59,8 por ciento; Soria, un 58 por ciento; Segovia, un 55,3 por ciento; Palencia, un 54,2 por ciento; y Burgos, un 50,4 por ciento.
En cuanto a financiación autonómica, Soria encabeza la tabla en euros por habitante de un gobierno autonómico en España, con 86,8; Palencia (71,4 euros); Segovia (70,7) y Zamora (59,8), ocupan el tercero, cuarto y quinto. La Diputación de Ávila (47,6 euros por habitante) aparece en novena posición; León (42,7), Burgos (40,9) y Salamanca (31,4), aparecen en el 12, 13 y 14; y Valladolid (23,3), en el 16.
Respecto a los gastos que acometen estas instituciones, Soria encabeza la tabla nacional tanto en gasto por habitante en actuaciones de carácter económico, 185,3 euros; como en costes de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes salvo ayudas directas a la ciudadanía, con 343,4.